Señala Javier Lizarraga, presidente de Codesin, que se vieron todos los detalles jurídicos para evitar conflictos.
La iniciativa privada no quiere ver marchas de protestas, cierre de avenidas en Mazatlan y la molestia de una comunidad que denuncie despojos de sus tierras en aras del desarrollo económico.
Y es que ante la evidente construcción de la Presa Santa Maria, la cual irrigará cientos de hectáreas en la región sur, el Consejo de Promoción del Desarrollo Económico, mencionó que se siguieron todos los cauces legales respecto a la indemnización de los habitantes de Santa María. Por eso no quieren que ocurra lo mismo que en Picachos.
Javier Lizarraga Mercado, dirigente de este organismo, advirtió que se tiene que estar atento para evitar una situación de este tipo.
“En este proyecto se tuvo un especial cuidado en lo jurídico, se vieron todos los aspectos en cuanto a procesos de indemnización para que no hubiera problemas como en la Presa Picachos. Yo confió en que no haya ningún problema aunque no lo puedes descartar”, consideró.
“Estamos muy contentos en que este año ya se dé el inicio de la Presa Santa María, un proyecto anhelado por los habitantes de la región sur y que ayudará a incrementar la productividad de la tierra y la garantía de contar con agua”.
Lizarraga Mercado opinó que la empresa constructora ICA, quien se adjudicó la licitación de esta obra, es confiable para que no haya problemas.
“Es una empresa sólida que se espera haga esta obra que fue muy anhelada por don Ismael Díaz Vasabilbazo”, apuntó.
La Presa Santa María es una obra que se estuvo gestionando desde la época de los 70. Fue un compromiso de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto y en el Presupuesto de Egresos se aprobó un monto de mil millones de pesos, aunque la inversión total es de 4 mil millones de pesos.