Por: Redacción
( SOLO-OPINIONES.COM ) (QPEM). Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró a principios de octubre que “nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”. En México la legalización del cannabis es aún un pendiente legislativo y es que hasta este 2022 no se ha alcanzado un consenso respecto a su consumo y comercialización.
Biden perdonó los delitos federales por posesión simple de esta planta para miles de personas y llamó a los gobernadores a emitir indultos similares para los culpables bajo leyes estatales.
El mandatario estadounidense también pidió a los gobernadores de los diferentes estados del país que emitan indultos similares para los condenados por delitos estatales relacionados con la posesión de la planta.
El cannabis de uso recreativo ya es legal en 19 estados y Washington DC. El uso médico es legal en 37 estados y tres territorios de EU.
En nuestro país la despenalización sobre el consumo de la planta se ha quedado en una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, todo se ha quedado en intentos que han sido cuestionados porque se saltan puntos bien importantes relacionados con los derechos humanos.
Las cantidad permitida por el artículo 479 de la Ley General de Salud es de 5 gramos y muchas veces no corresponden al consumo real, es por ello el problema de que una persona consumidora corre el riesgo de ser detenida en tanto no demuestre que lleva la cantidad permitida y que no la usa para fines comerciales, venta y distribución colectiva.
El Congreso mexicano ha tardado más de tres años en sacar una ley que permita regular todas las partes de la cadena de producción del cannabis, así como garantizar el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo modificar los artículos de la Ley General de Salud que atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir el autoconsumo adulto de cannabis, además de armonizar el marco legal para garantizar su acceso.
Y fue hasta 2021 que el pleno de la SCJN aprobó y publicó la declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI), un mecanismo jurídico que elimina la prohibición administrativa y obliga a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgar autorizaciones para el uso adulto de la planta.
A la fecha, Cofepris no se ha pronunciado frente al tema, tampoco ha publicado los lineamientos para adquirir las autorizaciones, y como resultado, las personas solicitantes se ven forzadas a denunciar a la instancia por incumplimiento de la DGI.
El Congreso mexicano ha prometido retomar el tema en la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones para hacer modificaciones al proyecto y considerar cuestiones de derechos, como eliminar la necesidad de mantener un registro de personas usuarias, y delimitar los espacios autorizados para consumir cannabis. Además, es necesario fortalecer las medidas que permitan que comunidades cultivadoras participen de manera equitativa en el mercado.
Actualmente se lleva a cabo el proceso de dictaminación de las diversas iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas ante el Senado, a través de las cuales se pretende reformar y adicionar diversos ordenamientos legales y la expedición de otros, todas como punto en común la regulación de diversos usos del cannabis.
Biden en un comunicado remitido por la Casa Blanca. “Enviar a personas a prisión por ese motivo ha afectado la vida de demasiadas personas, al condenarlas por conductas que muchos estados ya no prohíben. Los antecedentes penales por posesión de marihuana también han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”. El presidente denuncia también en el texto que esto afecta mucho menos a los blancos que al resto de los estadounidenses.