En un documento publicado en su página web, la dependencia encabezada por Pablo Gómez dio a conocer una lista de los contratos suscritos entre dependencias del gobierno mexicano con empresas identificadas como parte de la red de corrupción del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer lo que llamó la “red de corrupción” de Genaro García Luna.
En un documento publicado en su página web, la dependencia encabezada por Pablo Gómez dio a conocer una lista de los contratos suscritos entre dependencias del gobierno mexicano con empresas identificadas como parte de la red de corrupción del secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón.
Asimismo se presenta una lista de las personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita por la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna, entre ellas el propio exsecretario y su esposa Linda Cristina Pereyra, y una lista de 44 personas morales.
También se presentan las propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna –por un valor de 17 millones 930 mil 402 dólares–, así como los bienes muebles identificados.
“Se localizaron cuarenta y dos (42) vehículos a nombre de las personas físicas y morales demandadas, que presumiblemente fueron adquiridas con recursos ilícitos”, destaca el documento. Entre las marcas de los vehículos aparecen Fiat, Ferrari, Lamborghini y Jaguar.
La mayoría de los bienes inmuebles están en las ciudades de Aventura, Miami y Sunny Isles Beach, en Florida.
Sobre los montos bloqueados en el caso García Luna, el documento detalla que por medio de demandas de amparo, el calderonista y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos del total de 25 millones 920 mil 195 pesos congelados.
García Luna tiene bloqueadas actualmente 11 cuentas con un saldo de 21 mil 255 pesos con 67 centavos, de acuerdo con el informe.
Durante el tiempo en que García Luna ejerció su cargo y posteriormente a ello, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, sostuvo la UIF en un comunicado.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, indicó la dependencia.
“Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”, añadió.
La UIF asegura haber identificado la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.
“En consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”, recordó.
En el comunicado la UIF destacó que el gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York, señaló.
En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público.
Fuente: Proceso
