Redacción
Mazatlán, Sinaloa. QPEM. (Fuente: El Economista) La reforma constitucional a las pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca garantizar que los trabajadores formales que cumplan 65 años tengan una pensión que sea igual a su último salario.
Para ello, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que iniciará con un capital inicial de 64,619 millones de pesos y se financiará de diversas fuentes. Una de ellas serán los recursos de Afores y subcuentas de vivienda del Infonavit que no hayan sido reclamadas.
Según la propuesta enviada al Congreso, parte del dinero del fondo provendrá de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley de Infonavit, “garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores”.
En el artículo 302 de la Ley del IMSS, se establece que si pasan 10 años sin que los recursos de una cuenta hayan sido reclamados, el Instituto puede disponer del dinero “sin necesidad de resolución judicial”.
Mientras que en el artículo 37 de la Ley del Infonavit, se señala que el gobierno puede disponer de los recursos de una subcuenta de vivienda una vez que transcurren 10 años sin que sean reclamados.
Héctor Villarreal, investigador del Tecnológico de Monterrey, aseguró que por lo que dice la propuesta, el Gobierno estaría pensando en reclamar los recursos de cuentas Afores y del Infonavit que no hayan sido reclamadas.
“Lo que pasa con estas cuentas es que normalmente son de gente que ya falleció o que se fue a Estados Unidos”, aseguró el investigador del Tec de Monterrey.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre de 2023 había más de 18 millones de cuentas de Afore que ya han sido asignadas, pero no han sido reconocidas por los titulares.
Villarreal dijo que si bien de inicio todas éstas cuentas pueden tener una cantidad considerable, por todos los recursos que se han acumulado a lo largo de los años.
Sin embargo, señaló que una vez que los recursos acumulados se utilicen, difícilmente se podrá seguir contando con éstos como una fuente de financiamiento, pues el flujo se mantendrá limitado.
Moisés Pérez, director de retiro para Latinoamérica de AON, aseguró que no hay certeza respecto a qué recursos del Seguro Social serían los que se van a usar para el Fondo de Pensiones.
Afirmó que no necesariamente serían los de las Afores no reconocidas, sino que también podrían ser las aportaciones que hacen los patrones para la salud o por maternidad, por ejemplo.
Coincidió en que sean cuales sean los recursos sin reclamar a los que se refiere la reforma, el problema es que no será una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo.
“Cuando se acaben esos recursos (que se detallan en la reforma), el problema es que entonces se va a convertir en un gasto de gobierno y se va a generar un déficit por ese faltante de recursos”, afirmó Pérez.
Pese a que el gobierno disponga de los recursos abandonados después de que se haya cumplido el plazo de 10 años, la ley establece que cuando un trabajador reclame sus recursos, el Estado tiene la obligación de dárselos.