El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 21 de mayo el juicio político que interpusieron los partidos de la oposición en el Congreso local en contra de Samuel García
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha generado polémica tras adquirir un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, conocida como Mesa de la Corona. El terreno, con un valor comercial estimado en más de 700 millones de pesos, se encuentra a nombre de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, encabezada por García y su padre, Samuel García Mascorro
Documentos obtenidos por Grupo REFORMA revelan que el 18 de abril de 2023, la empresa del Gobernador pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) por 9 millones de pesos al Municipio de San Pedro, lo que sugiere un valor catastral del terreno de al menos 300 millones de pesos. Sin embargo, expertos en bienes raíces aseguran que el valor comercial del predio supera los 700 millones de pesos debido a su ubicación privilegiada.
l 4 de marzo, García Mascorro presentó una solicitud de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado para iniciar la construcción de una residencia de casi 2,800 metros cuadrados. La solicitud fue aprobada rápidamente en un plazo de 15 días naturales, cuando normalmente este trámite puede tomar hasta 90 días. El permiso, válido por 20 meses con posibilidad de prórroga, detalla que el proyecto incluirá una megacasa y una vialidad de acceso de más de 10,000 metros cuadrados.
A pesar de la rápida aprobación, la construcción se encuentra en una zona de riesgo geológico medioalto con vegetación de matorral submontano, lo que implica que el Gobernador deberá pagar una compensación por el impacto ambiental. Hasta el momento, el Municipio de San Pedro aún no ha otorgado el permiso de construcción.
La adquisición del terreno y la aprobación rápida del permiso han suscitado críticas, especialmente porque en la declaración patrimonial más reciente del Gobernador no se reporta esta propiedad. Además, se ha cuestionado la transparencia de las transacciones financieras de las empresas vinculadas a García y su padre, que han crecido un 800 por ciento en dos años y medio de su administración. Representantes del PRI, PAN y PRD han denunciado posibles casos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado relacionados con estas operaciones.
Esta no es la primera vez que las empresas del Gobernador y su padre enfrentan escrutinio. En marzo, se reveló que uno de los proveedores más beneficiados por el gobierno de García ha transferido al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico del Mandatario y su padre, generando sospechas sobre el origen de estos fondos y su relación con contratos gubernamentales.
Juicio político vs Samuel García
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 21 de mayo el juicio político que interpusieron los partidos de la oposición en el Congreso local en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, pero negó que esto implique que el emecista deba separarse del cargo, pues se requiere una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del estado para tal propósito.
En comunicado, la Corte dio a conocer que invalidó el artículo 203, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León, donde dice: “el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo y”, en el cual se facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público acusado en un juicio político.
La SCJN consideró que el ejercicio de dicha facultad implicaba realmente imponer una sanción, cuya aplicación es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como jurado de sentencia, al resolver en definitiva el juicio político.
Dentro del enfrentamiento que sostienen diputados del PRI y del PAN y el gobernador desde hace más de dos años, los legisladores opositores promovieron en contra del Ejecutivo el 31 de enero del año pasado el juicio político, luego de que Samuel García omitió el envío del paquete fiscal 2023, omisión que repitió respecto al presupuesto 2024.
Fuente: LaSilla Rota