RUMBO POLÍTICO
¿POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA ÚNICO PENAL EN EL PAÍS?
Mazatlán, Sinaloa; Muy buen día estimados lectores de nueva cuenta aquí estoy escribiendo para ustedes y deseándoles como siempre que cumplan todos los sueños y metas en su vida. ¡LES MANDO UN ABRAZO, ANIMO!
FRASE: “Es claro que un régimen democrático requiere de una ciudadanía que se interese, informe y participe en los asunto públicos de su comunidad”; Sommuano 2005. ¡INICIAMOS!
¿PORQUÉ LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA ÚNICO PENAL EN EL PAÍS?: Hay distintas opiniones que radican en el sistema político de cada nación; en el caso de México siendo un país federalista este ha venido adoptando un sistema de justicia penal que no está unificado en las distintas Entidades Federativas; lo anterior descubre el actual sistema de justicia que se ha construido con una identidad que es fragmentada y que como resultado tiene distintas interpretaciones en los estados federados.
¡Ahora bien! hay quienes han externado que, es prioritario una homologación de normas jurídicas que hagan más factibles la interpretación y ejecución de un cuerpo legislativo en la materia y no abone a las distintas interpretaciones que hoy en día existen en la tipificación de conductas que son incluidas en las propias resoluciones que los jueces y todo aquellos miembros del sistema penal den a priori de su legislación.
Si existiera una homologación de leyes y del Código Penal Único, podríamos avanzar a una disminución de sentencias y procesos penales que aglutinan lo ministerio públicos así como los distintos cuerpos colegiados del país. Por ello los países, que tienen una efectiva política de justicia, donde la equidad y transparencia son variables fundamentales, enseñan que es exitoso este modelo. Países como Suiza, Argentina, Brasil, Alemania e incluso la mayoría en la Unión Europea, cuentan con un Código Penal Único y eso da como resultado que las acciones entre los distintos integrantes de este poder tengan mayor movilidad y acceso a la información y por ende de cómo resultado que exista una justicia pronta y expedita.
¿Porqué en México y en Estados Unidos aun prevalece esta codificación penal que da posibilidades de una interpretación distinta de la justicia en las entidades de la república?, ¿porqué en 2014 aún no se ha atrevido a modificar de fondo este entramado de reglas que daría una mayor solidez al Estado Mexicano y por consiguiente a los ciudadanos a través de su confianza?, ¿ los actuales indicadores de cumplimentación de la ley y sus resultados no son alarmantes?, ¿porqué aún la sociedad al ser cuestionada sobre sus instituciones de justicia dice tener desconfianza y enlaza el abuso del poder con el gobierno?.
En el país en el año 2007 y 2003 legisladores del PAN y Convergencia plasmaron punto de acuerdo e iniciativas que dieran mayor atribución al propio Congreso de la Unión como garante máximo en la creación de leyes que sean asimiladas por los Estados; sin embargo los resultados no han sido favorables y aun existe la posibilidad de que este tema se suba a tribuna a una verdadera discusión y los propios partidos políticos lo contemplen como prioridad en su agenda.
Si tomamos en cuenta que la mayoría de los mexicanos no acceden a la justicia por desconfianza y por un gris papel en su actuar al prevalecer los derechos de los ciudadanos, nos encontramos con una débil y desintegración de este importante reto de los gobiernos de la república y de la propia sociedad, quien día a día exige una claridad de fundamentos del Estado ante la problemática social que enfrentan los mexicanos como son los distintos flagelo que han abarcado lo espacios que antes el Estado tenía.
El mensaje de una “Gendarmería Nacional” abre la puerta para que, el Estado Mexicano, otorgue certidumbre en las regiones que han sido azotadas por la delincuencia y la propia deficiencia social del gobierno que no puede en su más mínima expresión esquivar la responsabilidad de abatir los factores que originan la pobreza y que en ella germinan según estudios científicos sociales la incubadora de un mercado criminal que aprovecha las deficiencias del Estado.
A pesar de que el Gobierno de la República, realice esfuerzos en esta materia no podrán ser proporcionalmente efectivos ante el cambio que se pretende si no se construye una sociedad educada y exigente en sus derechos constitucionales, políticos y civiles que le den herramientas al propio sistema para hacer inercia con la sociedad y la cultura de la legalidad, denuncia, justicia que requiere el país.
NOTA: El Gobierno del Estado en Sinaloa, que preside Mario López Valdez; ha anunciado la necesidad de que se le asigne un presupuesto de alrededor de 60 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2015; correspondientes al gasto público.
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