La situación que vive el país y las demandas de la población en materia de seguridad, bienestar y justicia exigen respuestas oportunas, encaminadas a garantizar el cumplimiento de la ley, erradicar la impunidad y fomentar el crecimiento económico, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Por esta razón, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció un decálogo de medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, cuyas carencias han afectado gravemente a la ciudadanía. Las acciones que se anunciaron cuentan con distintas vertientes: procuración y administración de justicia; derechos humanos; combate a la corrupción; apertura gubernamental; desarrollo económico.
En cuanto a la seguridad pública, procuración y administración de justicia, se anunciaron importantes iniciativas que permitirán dar mayor certidumbre al sistema penal, pues se definirán con claridad las competencias de cada autoridad y nivel de gobierno, para evitar que la confusión al respecto favorezca la impunidad. Además, se establecerán mecanismos pertinentes para evitar que el crimen organizado pueda infiltrarse en las autoridades municipales y en los cuerpos policiacos locales.
Garantizar la protección de los derechos humanos es otro asunto prioritario en la agenda gubernamental, por lo que se presentó un conjunto de acciones dedicadas a prevenir y, en su caso, castigar la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. En cuanto a la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, se anunció la publicación del Reglamento de la Ley General de Víctimas y la operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
Una estrategia para cambiar de fondo la situación del país no podría estar completa sin acciones dedicadas al combate a la corrupción, por lo que el mandatario expresó su respaldo a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia Reforma y al Sistema Nacional Anticorrupción. Considerando que el combate a la corrupción no es posible sin la pertinente apertura gubernamental, también se anunció la elaboración de un portal electrónico donde se publiquen la información sobre los proveedores y contratistas gubernamentales.
Si bien las modificaciones al sistema de justicia se consideran urgentes para resolver el problema de violencia que aqueja al país, también es necesario identificar las causas de origen de esa violencia. Sin duda, el atraso económico histórico de ciertas regiones del país, especialmente del sureste, explica en buena medida la expansión del crimen organizado y la debilidad de las instituciones. Así, impulsar medidas novedosas que permitan fomentar el desarrollo económico en esas regiones es fundamental, por lo que se crearán tres zonas económicas especiales y se continuará con la construcción de importantes obras de infraestructura, para aumentar el empleo y la prosperidad en los estados donde más se requiere.
Incluir acciones para mejorar el desarrollo económico y social de los estados del país con mayores índices de violencia nos habla de que el gobierno de la República ha hecho un diagnóstico adecuado de los factores que inciden en la criminalidad y cuáles son los cambios necesarios para revertir esta situación. Nos habla también de la gran sensibilidad gubernamental frente a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, que reclama las acciones necesarias para vivir una vida digna y en paz.
Por esta razón, es importante aprovechar esta oportunidad histórica para cambiar a México, pues, en un hecho sin precedentes, la sociedad entera ha manifestado la necesidad de hacer grandes transformaciones nacionales, demanda con la que las instituciones gubernamentales y todos los integrantes de los Poderes de la Unión coincidimos plenamente. Este consenso facilitará la implementación adecuada de las modificaciones previstas y nos llevará a tener el país que todos queremos muy pronto.