La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la publicación Estudios de políticas urbanas de la OCDE: México, Transformando la Política Urbana y el Financiamiento de la Vivienda, la cual arroja una serie conclusiones y recomendaciones de política pública en materia de desarrollo urbano y vivienda, que resulta pertinente rescatar.
El documento parte de reconocer que, durante las últimas cinco décadas, México ha registrado un proceso de urbanización más acelerado que la mayoría de los países miembros de dicho organismo, lo que ha coadyuvado al aumento de las oportunidades de la población urbana, principalmente, relacionadas con mayores ingresos, posibilidades de acceso a la educación y la ampliación del acceso a la vivienda formal para los trabajadores asalariados de la economía formal.
Si bien la urbanización ha traído aparejados importantes beneficios para los habitantes, las ciudades mexicanas enfrentan aún grandes desafíos para captar plenamente los beneficios de la aglomeración. Por ejemplo, no han aumentado su productividad, tienen rendimientos menores en diferentes rubros de la producción económica y su aporte al crecimiento nacional se ubica en niveles inferiores al promedio de las áreas metropolitanas de la OCDE.
Según el estudio, en la última década, el desarrollo urbano en México ha tenido dos rasgos fundamentales asociados a la expansión urbana: se produjo a mayores distancias del centro de la ciudad (en la periferia) y se hizo más dispersa espacialmente (en lugar de compacta). Son múltiples los factores que han provocado el acelerado proceso de urbanización y sus consecuencias saltan a la vista, destacadamente: el alza de asentamientos en zonas de riesgo; la segregación socioeconómica, en términos de los niveles de ingreso y educación, así como el acceso a servicios básicos; el incremento de las tasas de motorización y con ello la congestión y contaminación; y que la provisión de alternativas de transporte público sea insuficiente e ineficiente, generando costos económicos y sociales que impactan la calidad de vida de los habitantes.
Asimismo, el enfoque cuantitativo del desarrollo de la vivienda ejecutado en México en años previos, constituye uno de los factores que ha conllevado a tener una de las tasas más altas de viviendas deshabitadas (14.2 por ciento) en la OCDE. A ello se agrega el rezago habitacional que afecta a cerca de 31 por ciento de los hogares mexicanos.
La OCDE plantea cinco estrategias para promover mejores ciudades en México, es decir, cinco prioridades de política urbana que podrían tener un impacto positivo en su competitividad y sustentabilidad, que son: 1) Remover las barreras para la reutilización de los espacios intraurbanos desaprovechados; 2) Vincular la planeación y el financiamiento de la vivienda y el transporte; 3) Resolver el problema de la vivienda deshabitada; 4) Eliminar las barreras al mercado de la vivienda para alquiler; y 5) Mejorar la capacidad institucional para la planeación y el desarrollo urbano.
El presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado desde el inicio de su Gobierno una serie de reformas estructurales que tienen como objetivo central la competitividad y el crecimiento económico del país, en donde las políticas en materia de desarrollo urbano y vivienda son una prioridad.
La nueva política urbana y de vivienda, se diferencia de las ejecutadas en años anteriores por el cambio de un enfoque cuantitativo a uno más cualitativo. En el Senado de la República, continuaremos actualizando el andamiaje jurídico que permita crear las bases para la implementación de políticas públicas eficaces en materia de desarrollo urbano y vivienda, en beneficio de las familias mexicanas.