Con el objeto de recuperar la confianza ciudadana y transparentar el trabajo que se realiza en la LXII Legislatura, el Pleno aprobó un Punto de Acuerdo con el que la Junta de Coordinación Política aplicará un “programa de transparencia y rendición de cuentas basado en el seguimiento al desempeño administrativo y legislativo de cada Diputado y; ello, en cumplimiento de la histórica y exigente demanda de los sinaloenses”.
La propuesta realizada por el Diputado Jesús Ibarra Félix del Partido Nueva Alianza, destaca la necesidad de aplicar y utilizar los mecanismos de información para dar a conocer hechos concretos a la sociedad civil, toda vez que la transparencia no es un tema de voluntad y como legisladores existe una obligación por informar y dar cuentas claras a la sociedad.
Por otra parte y tras recordar que existe un rezago importante al no contar aún con una ley indígena en la entidad, que haga cumplir los derechos y ayude a respetar la cultura de ese sector social, el Diputado Efrén Lerma Herrera, presentó un Punto de Acuerdo para que se solicite a la Procuraduría General de Justicia del Estado el resultado de sus “investigaciones sobre la desaparición el 26 de septiembre pasado, de la indígena rarámuri María Olguín, en la ciudad de Culiacán” y de quien se desconoce a la fecha su paradero.
Sobre la necesidad de una Ley Indígena también hablaron en Tribuna el Diputado Gerardo Valencia Guerrero del Partido Sinaloense y la Diputada Gloria González Burboa del Partido Revolucionario Institucional, quienes señalaron que si bien se han realizado trabajos en torno a buscar dignificar la vida en los pueblos y comunidades indígenas, aún falta más por hacer, se debe trabajar por su inclusión total y garantizarles sus derechos, y la deuda y la deuda que existe con este sector de Sinaloa puede empezar a pagarse con esta ley.
Otro Punto de Acuerdo Aprobado por el Pleno, fue el presentado por el Diputado Jesús Baltazar Rendón Sánchez del Partido Morena en el sentido de exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que no exista un recorte presupuestal para 2017 en los rubros o acciones que conllevan al fortalecimiento de las y los jóvenes y el deporte, asunto al que se sumó el Diputado Andrés Amílcar Félix Zavala del Partido Revolucionario Institucional, y propuso que el llamado se realice también al Instituto Mexicano de la Juventud, lo cual fue aceptado e incluido.
Durante la sesión, el Diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez del Partido Nueva Alianza, realizó un exhorto “a las autoridades educativas y financieras del ejecutivo estatal a que proceda con el cumplimiento de pagos retrasados al personal dependiente del Sistema Educativo Estatal que incluye al magisterio federalizado y estatal. Lo anterior, en aras de que se cumpla con los lineamientos de la reforma educativa y con ello a la satisfacción de las prerrogativas a que tienen derecho los maestros, consideró que “no se trata de obtener algo porque sí, son derechos que ya se han ganado quienes forman parte del sistema educativo”.
Lamentó que la falta del pago complementario al personal que laboran en mil 36 escuelas de tiempo completo de agosto a la fecha, el pago a 400 asesores técnico-pedagógicos desde el 2015, el pago de incidencias relativas a interinatos, permisos, becas comisión y aguinaldos, entre otros.
Llamado al que se sumó el Diputado Silvino Zavala Araujo del Partido Revolucionario Institucional, quien recordó que en días pasados el gremio magisterial acordó tomar medidas de presión ante el gobierno estatal para que se les pague, y si bien no se liquidó, ya hubo un avance.
En la sesión, el Pleno conoció de dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa cuyo objetivo es la desaparición o eliminación del fuero.
La primera fue presentada por las y los Diputado integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes consideran como “un absurdo a la luz de los postulados de transparencia, rendición de cuentas, legalidad y bien común. Los servidores públicos debemos actuar bajo estricto apego ético, jurídico y democrático, el cual debe garantizarse por el propio marco constitucional y legal como una media institucional contra la corrupción, lo que implica entonces enfrentar procesos penales como cualquier otro ciudadano”.
Su iniciativa plantea reformar el segundo párrafo del Artículo 33; la fracción XX del Artículo 43; se deroguen los párrafos segundo y tercero del Artículo 135; el Artículo 136 y los párrafos cuarto, quinto y sexto del Artículo 137.
Mientras que la segunda, fue presentada por el Diputado Efrén Lerma Herrera del Partido de la Revolución Democrática, y en el documento propone reformar “el sistema de inmunidad de los integrantes de los Poderes Públicos en Sinaloa de tal manera que los procesos penales puedan desarrollarse sin que sea requisito la declaración de procedencia del Congreso del Estado”.
Por otra parte, se le dio primera lectura a las iniciativas de siete ayuntamientos, sobre los valores unitarios del suelo y de las construcciones en sus respectivas jurisdicciones, para el año 2017.
Estos municipios fueron: Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio y Rosario.
En Asuntos Generales, el Diputado Rafael Mendoza Zatarain del Partido Sinaloense, hizo uso de la voz para fijar un posicionamiento respecto al trabajo que realizan los síndicos procuradores en los ayuntamientos, primero dijo que es facultad de la Auditoría Superior del Estado, auditar y emitir las observaciones sobre el manejo y la aplicación del dinero público, para después referirse a la figura del Síndico Procurador, en quien dijo, recae la responsabilidad, de ser el procurador y “tendrá a su cargo la función de contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento”.
Añadió, que en la práctica” esta figura sólo tiene un carácter decorativo, ya que se ha vuelto una comparsa del Presidente en turno, es decir, en un empleado más”.
Sobre el tema, la Diputada Irma Moreno Ovalles del Partido Revolucionario Institucional, reconoció la necesidad de reformar la figura, pero dijo que es el fondo lo que faculta al síndico, que, pese a reformas, no tiene capacidad para elegir su personal y que carecen de presupuesto, y aseguró que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, establece que a esta figura se le concede la facultad de instaurar juicios a servidores públicos , pero que es facultad del alcalde a quien compete la función de sancionar a aquellos funcionarios que él mismo nombra.
Por ello, invitó a estudiar la figura de síndicos en funciones y recordó haber presentado una iniciativa para reformar la ley, ya que la sociedad busca mayor transparencia y rendición de cuentas porque es el primer contacto entre autoridad y sociedad.
Otro tema llevado a Tribuna, fue el de la necesidad de que se cuente con más Juzgados de lo familiar en la entidad, fue la Diputada Sylvia Treviño Salinas del Partido Acción Nacional, quien tras algunas reuniones de trabajo con expertos en el tema, se llegó a la conclusión de que “no se dan humanamente abasto para cumplirle a las familias con problemas en Sinaloa, se hacen extenuantes, cansados e injustos los tiempos para los afectados y quienes de buena voluntad quieren cumplir y no pueden”.
Exhortó al Pleno a cumplir con la obligación que las leyes mandatan: la protección de la niñez, mediante la ampliación al presupuesto del Supremo Tribunal Superior de Justicia, puntualizando de que los recursos sean etiquetados específicamente para la creación de al menos tres juzgados de lo familiar más en la entidad.
En tanto, la Diputada María Fernanda Rivera Romo, como Secretaria de la Comisión de Equidad, Género y Familia, también se pronunció por evitar el rezago de demandas en los Juzgados Familiares, así como por la creación de esos tres juzgados en las principales ciudades de la entidad.
Mientras que el Diputado Zenén Aarón Xóchihua Enciso del Partido Acción Nacional, lamentó que exista la intención de aumentar el presupuesto para el próximo año a los partidos políticos.
“En este sentido, el gasto programado para partidos políticos si bien responde a una obligación legal según la ley electoral vigente, este representa un simple mecanismo de transferencia de ingresos a favor de agentes desligados de los objetivos de la política económica o de la política social en los municipios, basta decir que el monto asignado anualmente asciende a 20.4 millones de pesos, si sumáramos los recursos que le asignan los 18 municipios del estado. Dicha cantidad serviría para financiar a tres mil 500 niñas y niños sinaloenses con una beca de manutención de 500 pesos mensuales, que servirían para cubrir parcialmente su debida alimentación y aminorar la carga de los jefes de familia en igual número de hogares”, expresó.
Más adelante, dijo ser un convencido de que los ayuntamientos deben convertirse en agentes activos del desarrollo local, y como legislador, mediante la iniciativa presentada, busca sentar las bases para mejorar su autonomía financiera, a través de transformar los componentes del gasto municipal, “de tal forma que permita a los ayuntamientos reorientar el gasto en términos de una mayor rentabilidad social en la aplicación de los recursos que los mismos obtienen del pago de contribuciones de los ciudadanos”.
Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva clausuró la sesión y citó al Pleno para el próximo martes 8 de noviembre a las 11:00 horas.