El Pleno de la LXII Legislatura conoció durante la sesión de este martes, dos iniciativas sobre diversas reformas y adiciones al marco jurídico estatal, una para la expedición de una nueva ley, cuatro en la que los ayuntamientos solicitan afectar recursos del FORTAMUN y una más que propone los valores unitarios del suelo y de las construcciones.
En primera instancia, fueron los municipios de Mocorito, San Ignacio, Cosalá y Concordia, quienes de manera individual, solicitan al Poder Legislativo la autorización de afectar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago por concepto de derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descargas de aguas residuales, a partir de su incorporación a dicho programa.
En cada uno de los casos, en las iniciativas aceptan tener “adeudos históricos” ante la Comisión Nacional del Agua, lo cual les ha impedido participar en la ejecución de los programas que lleva a cabo dicha comisión, dificultando el desarrollo de sus municipio en la prestación de mejores servicios, por lo que se considera de vital importancia el adherirse al Programa de Regularización del Pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por Descargas de Aguas Residuales, ya que de ser así, CONAGUA condona el referido adeudo histórico, debiendo únicamente cumplir con sus obligaciones a partir de 2014.
Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Escuinapa, que propone los valores unitarios del suelo y de las construcciones para dicho municipio, para el año 2017.
Del mismo modo, se conoció la iniciativa presentada por el diputado Jesús Antonio Marcial Liparoli del Partido Revolucionario Institucional, que propone la reforma del párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.
Documento en el que asienta que compete a los Institutos Municipales de Planeación Urbana planificar, en base a lo señalado por el Sistema de Planeación Estatal, el crecimiento de un municipio con servicios públicos y ejecución de las obras requeridas; toda obra pública debe ser fundamentada y sustentada en las necesidades de la población; la cartera de proyectos de la Federación, Estado y Municipios se encuentra en los planes y programas de desarrollo y de desarrollo urbano. Los municipios que cuentan con Institutos Municipales de Planeación Urbana son los generadores de las carteras de proyectos los que deben ser revisados de la ejecución de obras para que éstas satisfagan las necesidades por las cuales fueron proyectadas.
La propuesta dice:
“Artículo 28. . .
I a IX. . .
Al presupuesto total de la obra se le calculará un tres por ciento, para ser separado e integrado a un Fondo previsto en el Reglamento de la presente ley, el cual será encargado al municipio que genere dicha obra a través de su Instituto Municipal de Planeación Urbana o su homólogo, en caso de no contar con dicho Instituto, deberá entregarse a la Tesorería Municipal para que se ejercido por la dependencia municipal con facultades para las actividades inherentes a las que está destinado el Fondo. El Fondo deberá ser aplicado exclusivamente al pago por investigaciones, asesorías, consultorías, estudios y trabajos para la elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras programas. Proyectos que deberán incorporarse al Banco de Proyectos, en la forma y términos que establezca el Reglamento de esta Ley”.
Otra iniciativa a la que se le dio primera lectura, fue la presentada por las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, para que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, con el propósito de armonizar los plazos para la Contestación de la Demanda sea principal o reconvencional, fijación de la audiencia de pruebas y alegatos en los juicios sumarios y al igual que los tiempos para dictar la sentencia definitiva.
Su propuesta de reforma a las fracciones II, III y V del Artículo 212, y el primer párrafo del artículo 213; la adición de los párrafos segundo y tercero de la fracción III del artículo 212, y se derogan los párrafos del tercero al sexto del artículo 213 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa dice:
“Artículo 212. . .
- . .
- II. El plazo para contestar la compensación o reconvención será también de siete días, pero sólo cuando proceda tramitarla en juicio sumario;
- Las pruebas se ofrecerán con la demanda y la contestación, declarando los nombres de los testigos y peritos, señalando el lugar donde se encuentren los archivos, para que se expidan los documentos que no tienen en su poder. Se desahogarán en una sola audiencia que se f9ijará a los diez días siguientes a la contestación de la demanda principal reconvencional, pudiendo concederse la ampliación de la audiencia por causas justificadas cuando lo solicite fundadamente cualquiera de las partes, en cuyo caso se continuará dentro del plazo de los cinco días siguientes, previniéndose a las partes que la continuación de la audiencia se llevará a cabo con o sin su comparecía y serán declaradas desiertas las pruebas que por su culpa no estén preparadas. Serán privadas todas aquellas que a juicio del Juez puedan dañar los derechos de la personalidad de las partes.
Principiará la audiencia fijando solamente los puntos en conflicto de las partes y una vez clarificado el debate, recibirá o rechazará, de las pruebas ofrecidas.
Posteriormente, se desahogarán los medios de acreditamiento admitidos, y se dará el uso de la voz a las partes para alegar.
- . .
- Podrá dictarse la sentencia definitiva en el desahogo de la audiencia o dentro del plazo de ocho días.
Artículo 213. En el auto de radicación, se ordenará emplazar a la demandada, previniéndola para que la conteste en la forma y términos a que se refiere el artículo precedente.
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DEROGADO”
Por otra parte, se dio lectura a la iniciativa que presentó el diputado Efrén Lerma Herrera del Partido de la Revolución Democrática, en la que solicita expedir la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Sinaloa, la cual tiene como objetivo la protección y promoción de los derechos y la cultura indígena, mediante el impulso al desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina tradicional y formas específicas de su organización social.
También señala que el estado y los ayuntamientos garantizarán que los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga y velará por el estricto cumplimiento de esta ley.
Observa que las comunidades indígenas originarias de México procedentes de cualquier otro estado de la república y que residan temporal o permanentemente en territorio sinaloense, podrán acogerse a esta ley, sin menoscabo de sus usos y costumbres, siempre que no contravengan la Carta Magna, la del Estado de Sinaloa, las leyes estatales vigentes, ni vulnerar los derechos humanos ni de terceros.
En otra parte, asienta que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico que tenga por objeto anular o menoscabar, los usos y costumbres y los derechos y libertades de los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas; además, asienta que los partidos políticos deberán prevén candidaturas de origen étnico para las elecciones de diputados y de alcaldes en los distritos y municipios con mayor presencia indígena.
Este proyecto de Ley consta de Cuarenta y Seis Artículos Naturales y Dos Artículos Transitorios.
En Asuntos Generales, la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete del Partido Acción Nacional, fijó un posicionamiento sobre planeación, en el cual destacó la importancia de que la ciudadanía participe de manera conjunta al municipio en temas como el cuidado de parques, jardines y que el sentido de pertinencia haga que se perciban lugares más seguros.
Por tal motivo, recordó que presentó una iniciativa que tiene la finalidad de incentivar fiscalmente en el pago del impuesto predial a las personas que decidan comprometerse en coordinación con el municipio, mediante aportaciones económicas o en especie, y con su tiempo o esfuerzo, para mantener en buen estado, los parques y áreas verdes de su colonia o localidad, entre otros objetivos, y llamó a que se dictamine a la brevedad.
En su oportunidad, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela del Partido Revolucionario Institucional, hizo uso de la Tribuna para hablar sobre una iniciativa que presentó en días pasados sobre las mejoras regulatorias en trámites, reconoció que pese a los esfuerzos y programas para agilitar trámites en dependencias gubernamentales “no existe un homologación de los procesos, los pasos para realizar un trámite discrepan notablemente entre un municipio y otro. Realizar un trámite que debiera ser sencillo en las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales, le lleva a la ciudadanía prácticamente toda la mañana”.
Señaló que la mejora regulatoria “es sin duda, la posibilidad idónea de concretarla, pues como señala la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, esta es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y de servicios simplificados y sencillos, así como de instituciones eficaces para la creación y aplicación de estos, que se oriente a obtener el mayor posible de los recursos disponibles”.
Posteriormente, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño del Partido Sinaloense, habló sobre educación, señalando la problemática en infraestructura que se tiene en diversos planteles de la entidad, motivo por el que cuestionó la aplicación de los recursos provenientes del programa de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, tanto como la forma en que se definió su aplicación como en la forma en que se están ejerciendo los recursos, motivo por el que convocó a las autoridades federales y estatales en el ramo de la educación “a que revisen a fondo la aplicación de esas inversiones, dado que no se aprecia que se esté beneficiando a los 616 plantes de educación básica que, como se afirmó, se habrían de reparar”.
Del mismo modo, y conociendo las dificultades presupuestales a las que el gobernador electo se enfrentará, consideró pertinente hacer un llamado para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2017, se contemple el recurso requerido para garantizar que el programa de uniformes y útiles escolares continúe aplicándose.
En otro tema, la diputada Merary Villegas Sánchez del Partido Morena demandó mediante Punto de Acuerdo que de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Hacienda Pública y Administración y de Educación Pública y Cultura, elaboren un informe sobre el estado legal o del proceso jurídico que guardan las solicitudes formales de los trabajadores de la educación de Sinaloa, que exigen a las autoridades correspondientes la homologación en el pago del aguinaldo de los pensionados y jubilados de la Sección 27 del SNTE, con relación al pago recibido por ese mismo concepto por los trabajadores en activo.
De igual forma, exhorta a los integrantes de las citadas Comisiones para que promuevan ante las autoridades competentes, y de acuerdo a sus atribuciones legales, todas las medidas pertinentes que permitan igualar la gratificación anual de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la misma Sección 27.
Al hablar sobre el tema, el Diputado Aarón Rivas Loaiza, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, reseñó la audiencia que se brindó a los maestros que demandaban apoyo de los legisladores y en la cual los legisladores se comprometieron a revisar las iniciativas para que el dictamen, sea positivo o negativo, se entregue antes del 30 de Enero del 2017.
Finalmente, se citó para el jueves 24 de Noviembre a la hora de Reglamento.