Valorar la posibilidad de dictar como medida cautelar la prisión preventiva para los servidores públicos que incurran en delitos como el peculado, cohecho y abuso de autoridad, es parte de la propuesta realizada por el Ejecutivo del Estado a través de iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Sinaloa.
En el documento que recibió trámite durante la primera sesión de la Diputación Permanente, se señala que en un régimen democrático, el servicio público apareja una responsabilidad agravada al tener la administración de las contribuciones ciudadanas para la toma de decisiones colectivas, y que en ese sentido, el actuar de los servidores públicos se vuelve relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, en específico contrarias al sistema de valores de las democracias constituciones, sino que producen daños relevantes en el desempeño estatal.
En otra parte, señala que el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno; “es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Los esfuerzos aislados seguirán siendo incapaces de alcanzar los mejores resultados, por el que resulta transitar a un Sistema Nacional Anticorrupción”, externa.
Con esta propuesta de reforma se pretende que se califiquen como “delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en los siguientes artículos del presente Código Penal para el Estado de Sinaloa: homicidio previsto en el artículo 134; feminicidio previsto en el artículo 134 Bis; lesiones dolosas previsto en el artículo 136, fracciones VIII y IX; lesiones previstas en el artículo 137 Bis; homicidio calificado previsto en los artículos 139 y 139 Bis; homicidio por culpa grave previsto…” e incluye Abuso de autoridad previsto en el artículo 301 y 301 Bis, 301 Bis A, 301 Bis B, 301 Bis C.
La Diputación Permanente aprobó la dispensa de la segunda lectura, turnándose a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, para su estudio y dictamen.
Posteriormente, recibió primera lectura la iniciativa presentada por la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN), en la que propone armonizar el marco jurídico correspondiente a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante reformas a diversos artículos del Código Familiar, Código de Procedimientos Familiares, Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, todos del Estado de Sinaloa.
Se propone la inclusión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en lugar de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, se reduce el plazo para realizar las investigaciones para encontrar quien ejerza la patria potestad de la niña o el niño expósito, se incorporan las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, de acuerdo a su responsabilidad y competencia, se elimina la expedición de orientación prematrimonial, se establecen las observaciones que se deberán realizar en los procedimientos jurisdiccionales en el que estén relacionados niñas, niños y adolescentes, en caso de violencia familiar se propone el establecimiento de un formato de demanda homogéneo para las autoridades que tengan conocimiento de alguno de estos hechos que afecten a niñas, niños y adolescentes, donde se exponga de manera breve y concisa los hechos evitando su reiteración, entre otros.
Además precisa establecer que delitos que se califican como de pena máxima o de prisión vitalicia y que afecten a niñas, niños y adolescentes sean imprescriptibles.
En otro tema, se le dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM) en la que solicita expedir la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, dada la importancia que tiene el cuidado y preservación del ambiente, dotando a la Procuraduría de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión e independencia en sus decisiones, con lo que se lograra que sus actos sean totalmente imparciales.
Menciona que dentro de las atribuciones de la Procuraduría, se prevé el ejercicio de las establecidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa, relativas a la inspección y vigilancia, y entre otras, las de recibir y atender denuncias referentes a la violación o incumplimiento de la normatividad ambiental de competencia estatal y municipal, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; emitir sugerencias al Congreso del Estado y a las autoridades judiciales, para su consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionadas a la protección del ambiente, informar orientar y asesorar a la población respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones en materia ambiental de competencia estatal.
Contempla que como parte de la estructura de la Procuraduría, contará con un Consejo de Gobierno, que será el órgano rector de la Procuraduría conformándose con carácter plural y multidisciplinario.
La propuesta de esta Ley consta de Tres Títulos que encierran 37 Artículos Naturales y tres Artículos Transitorios.
Otra iniciativa que fue conocida por la Diputación Permanente, fue la presentada por la diputada Gloria González Burboa (PRI), con la que propone la modificación de la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa mediante la adición de un párrafo segundo a su artículo 4°.
La propuesta indica que “con el objetivo de contar con un desarrollo integral de la actividad turística estatal, se deberá consultar e incluir las propuestas hechas por los grupos indígenas que habitan en el territorio estatal, utilizando entre otros mecanismos foros de consulta”.
Más adelante las y los diputados le dieron lectura a la iniciativa presentada por la diputada Sylvia Treviño Salinas (PAN) en la que propone reformas a la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa, desapareciendo la denominación “Violencia Intrafamiliar” e incrustar la denominación de “Violencia Familiar” en el marcó jurídico sinaloense.
En la sesión, también recibió trámite la iniciativa presentada por la diputada María Eugenia Medina Miyazaki (PRI), en la que propone adicionar una fracción VII Bis al artículo 148 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con el objetivo de pasmar como una cultura la donación de sangre en los establecimientos de salud públicos y privados autorizados por la Secretaría del Ramo.
La propuesta puntualiza que se debe de “impulsar todo tipo de acciones tendientes a fomentar la cultura de donación de sangre, e informar a la ciudadanía sobre los beneficios que conlleva donar sangre tanto para el beneficiario como para el donante;
La donación de sangre es voluntaria y deberá realizarse en los establecimientos de salud pública y privados autorizados por la Secretaría, de conformidad a las disposiciones legales y las normas oficiales expedidas para tal efecto”.
Por otra parte y a fin de prestar un eficiente servicio de agua potable, alcantarillado, las Juntas Municipales de Agua Potable y alcantarillado de los municipios de Elota, San Ignacio y Angostura, hicieron llegar solicitud en las que proponen actualizar sus respectivos regímenes tarifarios, misma que contempla los servicios de uso del vital líquido para usos doméstico, comercial e industrial, se turnaron a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.
En Asuntos Generales, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño (PAS) hizo uso de la voz para fijar un posicionamiento sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado para que se reduzca el número de diputados y regidores, pronunciándose a favor de la misma.
Mencionó que la reducción en el Congreso del Estado significa un 25 por ciento; “otro motivo que nos hace apoyar esta iniciativa, es que dicha disminución se aplicaría en la misma proporción a los diputados de mayoría relativa que a los de representación proporcional, por lo que se respeta el espíritu de la reforma electoral de 1977, promovida por Jesús Reyes Heroles y cuyo principal objetivo fue ampliar la representación del sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política a las minorías”.
Sobre el mismo tema, el diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL), se pronunció porque se realice una reforma global, en donde también se toque el tema electoral, no solo el número de diputados y regidores, porque eso económicamente “no pinta”.
Enseguida, la diputada Merary Villegas Sánchez (MORENA) dijo que para el grupo de MORENA es importante fijar su postura, consideró que la iniciativa es sólo paliativo de corte autoritario y oportunista al eliminar la participación de las minorías, además propuso se finquen responsabilidades penales al exgobernador Mario López Valdez y a su secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, por el déficit presupuestal en que dejaron a las entidad y se les exija reparar el daño económico.
En su oportunidad, el diputado Efrén Lerma Herrera (PRD), dijo que la iniciativa Ordaz merece ser objeto de un profundo análisis porque “no es cualquier cosa”, además de aclarar que el PRD no sacrificaría una representación ciudadana por unos pesos que se quiere ahorrar.
En tanto, el diputado Zenén Xóchihua Enciso (PAN), se pronunció a favor de la iniciativa, y recordó que él presentó otra en donde se pide la reducción de recursos a los partidos políticos por parte de los ayuntamientos, y señaló que la reducción de gasto se puede ver y aplicar desde muchos ángulos.
Después, el diputado Misael Sánchez (PVEM), se pronunció a favor de la iniciativa pero recordó que finalmente ello se discutiría al interior del Legislativo y que no por venir del Ejecutivo debe aprobarse sin realizar un profundo análisis en Comisiones.
Posteriormente, la diputada María Eugenia Medina Miyazaki (PRI) Señaló que la iniciativa del Ejecutivo ha sido bien recibida por la sociedad, y que el documento, aún sin recibir su primera lectura, puede coincidir con las que existen al interior del Congreso, pronunciándose también por mantener la representatividad en la Cámara.
Por su parte, el diputado Feliciano Valle Sandoval (PRI), mencionó que hoy la sociedad está más enterada con el quehacer político; que la iniciativa da “para un debate, en el que se privilegie el diálogo con la participación de la sociedad, en donde expongamos que las instituciones son más eficaces, menos obesas y más productivas, como sería el caso del Congreso del Estado y en los Cabildos” y que siendo “señaladores de los actos de corrupción, hagamos un debate serio y responsable para ver qué le conviene a la sociedad de Sinaloa”.
Durante la sesión, la diputada Maribel Chollet Morán (PRI), propuso un Punto de Acuerdo que a fin de aclarar dudas sobre la responsabilidad profesional de los contratistas del Tiburonario del Acuario de Mazatlán, se ordene una investigación a fondo y de encontrar culpables se apliquen las responsabilidades de ley correspondientes, además para que la legislatura se sume a la petición que diversos sectores de la sociedad hacen para que se aclaren las inversiones realizadas en la construcción de la obra, sin embargo al no ser propuesto con carácter de urgente y obvia resolución, se turnó a la Comisión de Fiscalización para su análisis y dictamen.
Posteriormente, se conoció el texto de la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), en que da a conocer que presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el título Octavo denominado “De la Evaluación del Desempeño Legislativo”, en el que se señala que la Junta de Coordinación Política habrá de emitir una convocatoria pública dirigida a organismos e instituciones de la sociedad civil y educación superior tanto públicas como privadas, y que propondrán al Pleno del Congreso, la creación de un Comité Ciudadano, integrado por cinco personas que a juicio de la JUCOPO reúnan los perfiles idóneos para conformarlo y que durará en funciones durante el periodo que comprende la legislatura en la cual fueron designados y se reunirá cuando menos cada tres meses en las instalaciones del Congreso para evaluar el quehacer legislativo de cada diputado.
Finalmente, el diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL), recordó que el 21 de Febrero de 1910 se creó la Cruz Roja Mexicana, ente que ayuda y apoya a toda la sociedad y para la cual demandó se le brinde todo el apoyo que requiere para continuar con su labor altruista, recordatorio que fue avalado por el presidente de la Diputación Permanente en funciones, diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien finalmente citó a sesión pública ordinaria para el próximo martes 28 de febrero, a la hora de Reglamento.