Al momento quienes integramos la 62 Legislatura nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de Recursos de Nulidad y Amparos de frente al proceso de nombramiento del Fiscal General del Estado. Uno de ellos es el interpuesto por el Dr. Oswaldo Miranda Vigueras, quien el día de ayer lunes 6 acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar la Nulidad al Procedimiento de Elegibilidad de los aspirantes a la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Así lo informó el Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño.
Para tal recurso, se argumenta la falta de elegibilidad, es decir que la relación de 5 personas que se le presentaron al gobernador no cumplen con los requisitos establecidos, tales como es el examen de Control y Confianza que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza, órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República.
Por tal razón, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense y un servidor con la responsabilidad que tengo como integrante de la Comisión de Fiscalización, nos dimos a la tarea de investigar y analizar las posibles repercusiones de estos recursos interpuestos, para lo cual recopilamos la información al respecto con el fin de conocer objetivamente lo procedente.
En principio, la conclusión más inmediata es que mientras este Poder Legislativo no reciba notificación oficial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esta 62 Legislatura puede y está obligada a continuar con el proceso de nombramiento del Fiscal General, por ello consideramos que fue correcto que hoy se le diera lectura de la terna enviada por el Ejecutivo del Estado para la designación del Fiscal General del Estado.
Es el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo la instancia que indague e investigue si proceden los recursos de nulidad y amparo presentados, y una vez que resuelvan lo conducente informar de manera formal a las instancias involucradas en este proceso, como lo es el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el propio Ejecutivo y el H. Congreso del Estado. Es hasta entonces cuando nosotros como diputados pudiéramos tomar otra alternativa diferente a la de continuar con el nombramiento del Fiscal.
Ahora bien y solo a manera de sugerencia, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense tuvo a bien exhortar públicamente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación solicite al Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública, información que vaya más allá de lo publicado en su página oficial, refiriéndonos al proceso definido para la recepción de solicitudes; análisis de la documentación entregada por los aspirantes; exposición de plan de trabajo; entrevistas realizadas; y finalmente el proceso de evaluación seguido para definir a la relación de 5 personas que se le entregaron al Gobernador. Lo anterior, solo para tener los elementos necesarios que en un momento dado se pueda requerir para el análisis correspondiente.
Reiteramos, el Congreso está obligado a no parar el proceso de nombramiento del Fiscal General, sobre todo porque lo estamos haciendo sobre la base de respetar lo que nosotros mismos definimos como soberanía que tiene la autonomía relativa con respecto al resto de los poderes.
Finalmente, solicitamos a la o las Comisiones que se encargarán de elaborar el dictamen a presentar a este pleno, sean sumamente escrupulosas en que se cumpla la elegibilidad y la legalidad establecida para presentarnos la terna sobre la cual vamos a resolver.