Manuel Cárdenas Fonseca
Nunca dejo de sorprenderme de cómo cambian las “mareas” en el mundo político y empresarial de nuestro país. Aquí las opiniones y las tendencias se mueven más rápido que la velocidad de la luz y los que hoy defienden una posición, el día de mañana se colocan en el extremo opuesto, mostrando al menos síntomas de amnesia selectiva o de cinismo. Lo bueno es que siempre habremos quienes les recuerden sus planteamientos y posiciones.
Bien dicen que “más pronto cae un hablador que un cojo”, ahora resulta que grupos empresariales celebran que se haya concluido el capítulo anticorrupción en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero aún más, ahora se cuelgan la medalla de ser los impulsores y promotores de este capítulo para establecer regulaciones espejo en los tres países para combatir la corrupción empresarial, para fomentar prácticas de integridad de gobiernos y empresas, y para tipificar una serie de delitos.
Lo que resulta paradójico es que estos líderes empresariales (léase Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE) que hoy encabezan la lucha contra la corrupción, en el marco del TLCAN, y que reconocen que la corrupción se da tanto en el ámbito del sector público como en el privado, sean los mismos que en 2016 se rasgaban las vestiduras y organizaban marchas para protestar contra mi propuesta, que fue aprobada por el Congreso, para sujetar a las empresas proveedoras de gobierno a la presentación de las tres declaraciones a las que están sujetos los servidores públicos; casi morían de risa porque entonces doblegaron al Presidente y a muchos legisladores.
Y ahora se toparon con pared y no con “muro”: el TLCAN les impone reconocer la legislación de Canadá y Estados Unidos que castigan severamente al empresario corrupto y no permiten que sigamos transitando en la impunidad. En esto entrarán las empresas que facturan con falsedad y empresarios “consentidos”.
En ese entonces difundieron mañosamente que lo que intentaba mi reforma era sujetar a los beneficiarios de programas sociales a declaraciones, lo cual era absolutamente falso. La única intención de la reforma fue establecer controles que evitaran actos de corrupción entre empresarios que por su actividad otorgan bienes o servicios teniendo como contraprestación los pagos con recursos públicos y que, en esta relación generan conductas y actividades violatorias de la ley. Ya no se diga los “empresarios” que se planean para que, desde su origen, se monten en la corrupción.
También hemos conocido y no gracias al SAT (que vergüenza) sino a investigaciones periodísticas, de la gran cantidad de empresas inexistentes que ganan licitaciones públicas y forman parte de este entramado de corrupción e impunidad, como en Veracruz y en otras entidades del país.
Esto no quiere decir que todas las empresas que operan en el país participen de la corrupción, por supuesto que hay muchas empresarias serias, responsables y transparentes, que deben ser las más interesadas en que se frenen estas prácticas.
A menos de dos años de distancia, se les levanta “la cortina” a los empresarios que negaron lo inocultable. Como he afirmado, las presiones que funcionan vienen de afuera, vergonzoso pero así es y habrá que reactivar esa reforma objetada por el Presidente.
Por eso, y a pesar de las contradicciones, celebro que a las agrupaciones empresariales mexicanas se les haya impuesto vía el TLCAN un primer paso para el fin de su conducta corrupta.
Hoy la mayoría de los países del mundo cuentan con reglamentaciones muy estrictas para evitar la corrupción en las empresas y sancionarlas fuertemente cuando incurren en esta conducta. Los Estados Unidos cuenta con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que es la ley anticorrupción más agresivamente aplicada en el mundo. Esta ley aunque es de 1977, se ha comenzado a utilizar intensivamente por este país en los últimos años para sancionar a las empresas y sancionar penalmente a sus ejecutivos que incurran en prácticas de corrupción en otros países. Millonarias multas han sido impuestas a muchas empresas bajo esta ley, incluyendo Walmart en México
Espero que esta sea la oportunidad para atender la corrupción de manera integral en México, y no sigamos manteniendo espacios de impunidad para algunos sectores, o “cuates”/cómplices.
Al escribir este artículo recibí información de la declaración del SAT en el sentido de que empresas “fantasmas” (que no son tal porque existen legalmente y por complacencia del SAT, aunque hacen gestiones ilegales) facturaron en el país más de 1.4 billones de pesos, que se han detectado más de 6 mil quinientas de estas empresas y que sus operaciones representan casi el 5 por ciento del PIB nacional. Si esto no es corrupción solapada por el SAT, entonces no sé qué lo sería.
Pero lo que el SAT presenta como un gran hallazgo es realmente de vergüenza, porque para que esto sucediera y llegara a estos niveles, el titular y sus colaboradores, así como su antecesor, debieron estar sordos o ciegos, y en lugar de reportar el impacto de estas empresas “fantasmas”, lo que debieran reportar son las acciones que han emprendido para su desmantelamiento. Pero de eso no se habla.
Lo que quiero dejar claro es que realmente espero (aunque sea gracias a un tratado internacional) que se dimensione la importancia de atender la corrupción de manera integral, se combata la impunidad, que se ponga énfasis en la prevención de conductas y que se acabe con la impunidad selectiva. No podemos seguir criminalizando al servidor público, lo que tenemos que evitar son conductas de corrupción y sancionarlas cuando sea el caso, vengan de donde vengan.
Quiero concederles el beneficio de la duda a los organismos empresariales y esperar que ahora sí estén dispuestos a participar en el combate a la corrupción en el país. Ya lo veremos.