Inseguridad y corrupción
Las dos grandes promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto, al inicio de su administración fueron el combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. A casi 6 años de distancia ambas son promesas incumplidas; ambas constituyen el mayor fracaso de este gobierno, motivo de su descrédito y su impopularidad, y razón para que los ciudadanos hayan decidido cambiar de rumbo y votar por una opción que consideraron de mayor viabilidad.
Ya no sé si fue por incapacidad, necedad, negligencia o mala fe, pero el gobierno federal falló en todos los frentes (y ni qué decir de los gobiernos estatales), la inseguridad creció como nunca en la historia del país y la corrupción se convirtió en el sello distintivo de esta administración, acompañada (por supuesto) de la impunidad.
Las cifras oficiales (y sólo hablo de las cifras oficiales) muestran que 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México, se abrieron más de 25 mil 300 carpetas de investigación por homicidio doloso, que involucran la muerte de más de 29 mil personas. Pero lo peor es que 2018 se encamina a ser un año más violento que el anterior; entre enero y mayo de este año se reportaron 13 mil 298 homicidios dolosos, casi un 10 por ciento mayor que el mismo periodo del año anterior. En el mes de mayo se registraron 2 mil 890 personas asesinadas, que es la cifra más alta de homicidios en un mes desde el año 1998.
A todo esto debemos de sumar el control que la delincuencia organizada ejerce sobre amplias regiones del país, el crecimiento inusitado de secuestros y trata de personas y la extorsión que sufren por criminales y autoridades, los empresarios y comerciantes de las principales ciudades del país. Los mexicanos hemos tenido que vivir con la angustia y el terror que algo nos suceda a nosotros, a nuestros familiares y a nuestro patrimonio, pero no estamos resignados a aceptarlo.
Y qué decir de la corrupción, que ha sido la constante durante estos seis años. Más de la mitad de los exgobernadores están sujetos a investigación por corrupción y sobre otros más, pesa la “razonable” sospecha, además de cientos de funcionarios estatales, municipales y federales involucrados en estos hechos, y los que aún no sabemos. Pero lo más lamentable es que la mayoría goza de impunidad.
Muchas veces he señalado que el principal incentivo para la corrupción es la impunidad; mientras sea muy baja la probabilidad de ser castigado por un delito, es más atractivo cometerlo.
Pero quizá la principal razón de este crecimiento desmedido de la corrupción está en otra promesa incumplida de esta administración, que era realizar una reforma integral de las instituciones encargadas de combatirla y de las leyes en la materia.
Muy rápido se les olvidó la propuesta de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, para construir un sistema nacional anticorrupción efectivo y con mayor autonomía. Pero los intereses de grupos se impusieron sobre el interés de la nación y la Función Pública siguió en pie.
¿Cómo vamos a combatir la corrupción con una institución que sanciona como principal falta la presentación extemporánea de declaraciones, mientras los desvíos de recursos por parte de funcionarios no son detectados?¿Cómo vamos a combatir la corrupción con un sistema perverso en donde los contralores de las dependencias, son pagados por el presupuesto de cada una de ellas, y con la venia de sus titulares (aunque se simule otra cosa) y se convierten en cómplices de las corruptelas? ¿Cómo vamos a combatir la corrupción, cuando las contralorías se han convertido en herramienta política para deshacerse de funcionarios “incómodos”, en lugar de verdaderos supervisores y fiscalizadores del gasto público?
Con “bombos y platillos” se aprobaron las reformas constitucionales y legales de combate a la corrupción, pero como lo he señalado en diversas ocasiones, fueron incompletas, porque sólo atendieron una parte del problema (al servidor público y a las instituciones) y no le dieron los recursos ni “los dientes” al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para operar. Ahí están los hechos: a más de un año de su integración, tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que no ha mostrado resultados y una Función Pública que sigue controlándolo todo. Los cambios han sido más mediáticos que reales.
Pero el combate a la corrupción no sólo requiere de instituciones fortalecidas, sino también, y sobre todo, de cambios en las leyes y en la operación de las compras de gobierno. Las leyes de obras públicas, de adquisiciones y de asociaciones públicas-privadas, no han sido revisadas ni modificadas y ahí está gran parte del problema.
Este gobierno se ha empeñado en hacernos creer a los mexicanos que publicidad es igual a transparencia; que el hecho de que se publiquen las licitaciones o asignaciones de compras y obras es igual a transparentar los procesos y todas las acciones. Esto no es cierto, sí no cómo explicarnos que se paguen obras hasta por 10 veces más por las que fueron licitadas y sin tener todos los estudios técnicos requeridos, o se hagan compras a precios inexplicables.
Los problemas reales que abren la puerta a la corrupción están en las convocatorias (que muchas veces tienen destinatarios) y en los precios de referencia, que sin duda están inflados, y que permiten a las empresas ganadoras tener utilidades a pesar de dar “cuotas” a funcionarios, eso sí, muchas veces con cargo a la calidad.
Los problemas reales están en los recovecos de la ley que permiten a las autoridades encargadas, asignar de manera directa o por invitación los contratos de obras y adquisiciones, a pesar de lo que señala el artículo 134 de la Constitución, que deben ser realizados por licitaciones públicas.
Recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer un estudio en donde señala que en 2017 ocho de cada 10 contratos otorgados por el gobierno federal en 2017, no fueron producto de una licitación pública, sino que se otorgaron de manera directa o por invitación. Este mismo organismo señala que si hubiera existido una mayor competencia se hubieran maximizado los recursos y traducido en mayores servicios e infraestructura. No pasaron por un proceso de licitación, lo que los hace “susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores. Estos mismos hechos ya habían sido denunciados en años anteriores por organizaciones como Transparencia Mexicana.
Además, aquí sólo se habla de contratos federales, si revisamos las entidades federativas la “cosa se pone peor”. Cada entidad tiene sus propias leyes en la materia y muchas de ellas ni siquiera establecen la licitación pública como la vía para otorgar contratos, lo que da mayor discrecionalidad.
Este es el legado que nos deja el gobierno saliente; un gobierno que más allá de sus “sueños de opio” estuvo cegado por la soberbia y rebasado en los hechos. Dura tarea la que le toca a la nueva administración, y tendrán que empezar a actuar, como lo están haciendo, desde ahora. Confío y estoy seguro que las cosas con voluntad se pueden hacer bien y que la corrupción pueda ser finalmente frenada en México.
¡Muchas gracias y sean felices!
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