“La cuarta transformación”
Bien dicen que “la prisa no es buena consejera”, y menos en la creación de leyes. Por querer dar buenas señales en corto tiempo, se sacrifica el contenido de los cambios para privilegiar el impacto mediático, y los buenos propósitos no se reflejan en leyes adecuadas y aplicables, sino por el contrario, se convierten en consignas políticas sin significado real para la sociedad y para la transformación de prácticas y estructuras de gobierno.
Por supuesto que hay cosas urgentes que se deben resolver, pero se tiene que hacer con responsabilidad y con el tiempo necesario para garantizar un sistema jurídico más sólido y claro y no más confuso y contradictorio.
Desde la instalación del nuevo congreso se han presentado una serie de iniciativas que atienden importantes problemas de nuestro país, pero desafortunadamente sus contenidos no responden, en todos los casos, a los objetivos que se persiguen.
Estamos por conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y las leyes fiscales y, en el primero, deberán reflejarse muchos cambios que obedecen a reflejos mediáticos y prisas legislativas que no ayudan.
Quizá uno de los temas que más ofende a los mexicanos es el derroche que se ha vivido por décadas en el sector público, con altos salarios para funcionarios, muchas veces no merecidos, con prestaciones por encima de lo que reciben la mayoría de los trabajadores y con acceso a una gran cantidad de recursos de manera discrecional. Mientras los gobernantes nos pedían que nos apretáramos el cinturón, la alta burocracia gubernamental no sólo gozaba de privilegios, sino que mostraba ante los ojos de todos los ciudadanos su bienestar y hacía gala de excesos.
Nos acostumbramos a ser un pueblo pobre con funcionarios de gobiernos que perecieran “ricos” y el conseguir un cargo público se convirtió en una vía rápida para mejorar económica y socialmente. Se le robó al servicio público su carácter de servicio, para utilizarlo para “servirse”. Todo ello ha contribuido al descrédito de los servidores públicos y de las instituciones
Por eso creo que es importante el que se hayan presentado la Ley de remuneraciones y la de austeridad republicana, porque más allá de sus contenidos, mandan una señal a la sociedad de que las cosas ya cambiaron (¿o van a cambiar?), que serán muy distintas, que tendrán funcionarios con la voluntad de servir y no de enriquecerse; que el gobierno será el primero en actuar con austeridad y hará un uso adecuado y racional de los recursos del país.
Creo que todos, o al menos la mayoría, compartimos el deseo de tener un gobierno sin excesos y opacidades, y de tener servidores públicos que no constituyan castas privilegiadas ni en lo económico, ni en lo social: pero lo que yo no esperaba es que se desempolvara una minuta congelada por muchos años en la Cámara de Diputados (por algo sería) y que se aprobara en sus términos originales, cuando ya no es aplicable en muchos aspectos, como es en lo relativo a las empresas productivas del Estado, ya que la reforma energética de 2013 estableció en su vigésimo transitorio que su régimen de remuneraciones sería distinto a lo establecido en el artículo 127 constitucional.
Lo que esperaba es que se hiciera un análisis serio de las remuneraciones del sector público en los tres órdenes de gobierno, respetando los topes establecidos en el artículo 127 constitucional en la fracción II, pero también lo que señala el primer párrafo de este artículo de que el salario debe ser adecuado y proporcional a las responsabilidades. No creo que se pueda establecer por decreto y a “rajatabla” salarios que pueden resultar no adecuados, e iguales para responsabilidades diferentes, como es el caso de tener tres poderes y, si bien uno hace las leyes y fiscaliza el gasto que aprueba, otro las ejecuta y hay un tercero que pretende la justicia y evita los excesos de los otros dos, sólo por señalarlo de manera somera.
Espero seriamente que se haga una revisión de esta ley habida cuenta que el poder Ejecutivo no la observó, y se eviten distorsiones no sólo en los salarios del sector público, sino en toda la economía nacional. El artículo 127 constitucional es muy claro, el sólo hecho de aplicarlo es ya un gran avance sí, pero al hacerlo sin meditar y sin refractarlo con el mercado laboral, se distorsiona la razón de ser misma del salario.
Lo mismo sucede con la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que si bien es urgente para darle autonomía constitucional a la Fiscalía y blindarle de interese externos, se tiene que hacer adecuadamente las propias tareas encomendadas a esta importante institución de justicia.
Desafortunadamente, la iniciativa presentada, contiene una gran cantidad de imprecisiones, insuficiencias y contradicciones tanto en la exposición de motivos, como en el proyecto de decreto y sus artículos transitorios, mismos que ya los comentamos en dos entregas anteriores.
Tengo confianza en que la ley de remuneraciones sea objetada para lograr una correcta tabulación que corresponda a la realidad y no a la sujeción y supremacía de un poder respecto de los otros dos poderes e, inclusive, de los órganos autónomos constitucionalmente.
En lo que se refiere a la ley de la Fiscalía, sinceramente requiere una buena revisión y es absolutamente perfectible, de allí que las Comisiones de Dictamen deben actuar con sensatez.
Prudencia, buen juicio, y entender el tramado o arquitectura legal del Estado en sus tres órdenes de gobierno nos lleva a que se actúe con responsabilidad y hagan los cambios necesarios a las iniciativas para que se aprueben leyes serias, adecuadas y que tengan permanencia en el tiempo, para darnos certidumbre a todos los mexicanos. Ya veremos.
¡Muchas gracias y sean felices!
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