Culiacán, Sinaloa.- Ante la severa crisis financiera por la que pasan los ayuntamientos de Sinaloa, la diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén exhortó en tribuna para que el Gobernador del Estado y los nuevos presidentes municipales, hagan un frente común, para gestionar recursos ante la federación, y que los 18 ayuntamientos, se manejen los recursos públicos con mayor transparencia y honestidad, poniendo al ciudadano como eje rector en la toma de decisiones y con estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera.
“Considero que el Congreso de la Unión debe plantearse una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar el monto que llega a los municipios, es la única manera de poder planear el desarrollo de cada municipio con visión de estado.
Es pertinente que la inversión en infraestructura de los municipios, ya no dependa de la discrecionalidad del gobernador y de los delegados federales”.
Díaz de Cuén recordó que las participaciones que reciben los municipios, es de tan sólo el 4% del total de la recaudación, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, los Ayuntamientos reciben una mínima parte de lo recaudado por concepto de impuestos del país, quedándose casi todo en la Federación, y otra parte, en los Gobiernos Estatales.
“En el Partido Sinaloense, estamos convencidos de que se tiene que hacer algo para rescatar a los municipios de Sinaloa, no es posible que sigan sumidos en esta crisis y que la población siga pagando las consecuencias de malas administraciones”.
Añadió que la distribución de los recursos recaudados por vía de impuestos provenientes de la federación, son desproporcionados respecto a lo que reciben los estados y los municipios, y mientras siga prevaleciendo esta situación, será difícil que los ayuntamientos saneen sus finanzas públicas.
La diputada pasista precisó que el problema financiero de los municipios no es nuevo, sino derivado de la deuda pública; pues según un informe, publicado por el Codesin, correspondiente al primer trimestre de 2018, el total de la deuda pública de los gobiernos municipales era por el monto alrededor de 2 mil millones de pesos, esto sin contar con los compromisos con proveedores que es un poco más de los 2 mil millones de pesos, sumándole también el pago de nómina.