Exhortó al resto de los diputados, a hacer el compromiso pleno de sacar adelante la iniciativa de Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén exhortó en tribuna, al resto de los diputados, a hacer el compromiso pleno de sacar adelante la iniciativa de Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Añadió que lo más importante ya se hizo, tomar en cuenta a los ciudadanos, ahora falta el trabajo en equipo, “vamos y demostremos a la gente lo que somos capaces de hacer, hoy toca elaborar la iniciativa de Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas pues garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos y de periodistas es un tema que ha cobrado prioridad en los últimos años, debido a que en el entorno en que desarrollan sus actividades se han incrementado las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión”.
Agregó que es deber del Estado mexicano respetar y garantizar los Derechos Humanos, además de ser una obligación constitucional; por lo que, para esta 63 Legislatura es una vocación y un compromiso irrenunciable la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Recordó que debido a su compromiso a favor de los derechos humanos y de la libertad de expresión, los defensores de derechos humanos y periodistas son objeto de acciones represivas por parte de algunos agentes del Estado o de grupos privados, así como de leyes y prácticas restrictivas y para evitar todo lo anterior, Sinaloa requiere de una ley que garantice que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y el periodismo contarán con una normatividad que les dé la seguridad de que no serán molestados a causa de su labor.
“En este sentido, debe ser obligación del Estado que cuando una persona defensora de derechos o un periodista, corre un riesgo por ejercer su actividad, se tiene que garantizar con la debida diligencia, el inicio de la investigación y protección de quienes puedan sufrir un daño, por ello, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, deben contar con un mecanismo estatal que les brinde la más amplia protección por sus actividades”.