El sector educativo ha enfrentado grandes reformas en poco tiempo, pero esas leyes no han logrado frenar la corrupción ni disminuir la impunidad
SIN EMBARGO.- Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 066 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales con dinero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y al menos 100 mil maestros recibieron sueldosin dar clases.
Un estudio elaborado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey evidenció el uso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) le dieron a la nómina educativa, que representa la mitad del presupuesto educativo federal.
De acuerdo con la investigación, entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 066 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales, sobre todo en Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila; se encontró que 100 mil personas que ocupan plazas de profesores no se desempeñan como tal y se detectó que algunos estados mienten sobre el número de alumnos que tienen para recibir más dinero de la transferencia: en este caso son Baja California y el Estado de México, que con la creación del Fone tuvieron un aumento de 9 por ciento en su presupuesto.
De 2000 a 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró 2 mil 121 Pliegos de Observaciones en las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y al Fone, por presuntas irregularidades o daños patrimoniales.
A mayo de 2019, mil 419 casos (66.8 por ciento) tienen un seguimiento concluido –es decir, los presuntos responsables solventaron la irregularidad preliminar–; 498 casos (23.5 por ciento) se encuentran en seguimiento y en sólo 207 casos (9.8 por ciento) la ASF determinó que las respuestas eran insuficientes y, por tanto, dio lugar a un procedimiento para fincar responsabilidades, es decir, confirmó los daños patrimoniales para iniciar la recuperación.
Pero de esos 207 Pliegos de Observaciones en los que se confirmó la irregularidad detectada, 114 casos cuentan con una resolución en firme, 39 se encuentran en seguimiento y en 54 casos cuentan con una resolución dictada por un juez o tribunal que suspende los efectos resarcitorios por falta de causas que justifiquen la acción.
Para los investigadores, la corrupción y la impunidad ante el mal manejo del dinero educativo permitieron el desfalco y marcan el reto para la nueva administración federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva Reforma Educativa que ya se aprobó en el Senado de la República.
En entidades federativas pagaron a secretarios estatales, secretarias y 32 millones de pesos a choferes de altos mandos, operadores de equipo de comunicación, columnistas y asistentes. El cálculo general es de 2 mil 529 millones de pesos desviados cada año del fondo educativo.
De acuerdo con Edna Jaime, Directora general de México Evalúa, aunque el Fone –que se creó con la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto– buscó eliminar la discrecionalidad en el gasto y avanzó en el orden y la transparencia, aumentó el dinero para los comisionados sindicales.
Ante esto, señaló, “la impunidad sigue siendo la regla y fomenta la corrupción y aunque hay leyes y mecanismos no pasa nada. Los avances no son suficientes para afirmar que es efectivo el gasto educativo”.
En la presentación del estudio sostuvo que las irregularidades millonarias han sido posibles porque las autoridades no cumplieron con sus responsabilidades legales, a pesar de leyes más estrictas y la impunidad sigue presente.
“Mientas la corrupción no tenga consecuencias, la educación seguirá siendo rehén. Si una nómina magisterial no se administra bien presenta irregularidades y eso se refleja el problema de toda la sociedad”, dijo la especialista.
