Tras denunciar privación de la libertad de su padre de 73 años, aseguran sólo han recibido indiferencia de las autoridades

Aunado al sufrimiento de no saber en qué condiciones se encuentra su padre de 73 años, la familia Ayala expresa impotencia y desesperación ante la ineficaz y desinteresada respuesta de las autoridades

Información de Noroeste.

CULIACÁN._ El señor Juan Manuel Ayala Osuna fue privado de su libertad hace 20 días. En medio del dolor, su familia relata que a pesar de que presentaron las respectivas denuncias en cuanto el hecho ocurrió, las autoridades han postergado la investigación de la carpeta 2077/2019 y han dado un trato indigno a los dolientes.

Según cuenta Miriam Ayala, su padre tiene 73 años y está enfermo del corazón, para lo cual necesita de medicinas y cuidados que la familia le proporciona. Ella asegura que Juan Manuel no tiene lazos con el crimen organizado y que no merecía esto que le pasó.

“El día 31 de mayo del presente año, nuestro papá se encontraba sentado en la banqueta de nuestra casa en el poblado de Villa Unión, Sinaloa. Yo me encontraba en mi habitación cuando escuché ruidos raros afuera, seguido de unos gritos de mi papá, quien gritaba mi nombre desesperadamente”, recuerda.

“Salí a toda prisa, viendo un carro blanco, sedán, de vidrios polarizados. Lo que alcancé a ver, dentro del vehículo, fueron dos personas en la parte de atrás y otra casi arriba del carro, cerrando la puerta del mismo”, añade.

Ella comenta que aunado al dolor de no saber en qué condiciones está su papá, la familia ha pasado por un tortuoso camino desde que hizo contacto con las autoridades encargadas de la seguridad pública, quienes se han mostrado indispuestos a actuar con prontitud.

“Cuando una patrulla llegó a mi casa, supliqué que por favor pidieran más apoyo, que eran solo unos minutos después de la desaparición. A lo cual ellos me dijeron que me sentara, me calmara y diera mi declaración. Yo sabía que teníamos que movernos en ese momento pero, de nuevo, ellos no movilizaron nada”, cuenta.

“Mi hermano se encontraba en Mazatlán y se dirigió al Ministerio Público, con la esperanza de que se buscara en ese momento. La hora era aproximadamente las 8:30 de la noche. Pero en dicha agencia le comentaron que, por no llevar el acta de nacimiento de mi papá ni las seis fotos, no podían realizar ninguna acción en ese momento, citándonos para el día siguiente”.

Miriam Ayala asegura que una vez que fueron atendidos por las autoridades investigadoras, el encargado de llevar el caso mostró una actitud “tajante, grosera y muy soberbia”.

“Al día siguiente, después de pasar una de las noches más tristes, más frustrantes y más dolorosas de nuestras vidas, acudimos al Ministerio Público en el área de personas desaparecidas. Fuimos atendidos primeramente por el Ministerio Público Nazareth Castillo, el cual me dijo que me sentara y me empezó a preguntar los hechos”, recuerda.

“Yo me senté y él se quedó parado de espaldas hacia mí, haciéndome preguntas. Pero esto lo hizo de modo intimidatorio, como si yo fuera la acusada. Yo relaté los hechos, pero esto era incómodo, ya que él estaba de pie y ni siquiera me miraba. Y en todo momento recibí interrupciones de mi relato: en alguna parte, yo le explicaba una posible línea de investigación para dicho secuestro, ya que mi papá había recibido amenazas de muerte en enero pasado. Pero él, de manera tajante, grosera y muy soberbia, me dijo que yo solo estaba ahí para relatar los hechos, no estaba ahí para pensar”, critica.

“Al ver la actitud de este Ministerio Público, del cual recibí un trato inhumano, le pedí que por favor mostrara compasión hacia nuestro sufrimiento y hacia nuestra situación. A lo cual, me miró muy enojado y derivó mi caso a otro Ministerio Público… Quisiera hacer mención que presenté una queja ante el órgano interno de control, derivada del daño sicológico que me causó el trato del Ministerio Público Nazareth Castillo”.

Pero más allá del trato recibido, la ineficacia de todas las autoridades del Sistema de Justicia de Sinaloa es lo que le causa más desesperación e impotencia.

“Cuatro días después de la desaparición de nuestro papá estábamos desesperados, por lo que al no ver algún tipo de acción para su búsqueda, me dirigí a la ciudad de Culiacán para tratar de tener una audiencia con el Fiscal, la cual no me fue otorgada. El Fiscal nos atendió hasta el día de antier, y comentó que haría todo lo posible y que iba a pedir, apenas, la carpeta de investigación para revisar el caso y generar las acciones necesarias”, comenta.

“Habiendo transcurrido 12 días de la desaparición de nuestro papá, me comunico con el Ministerio Público que se quedó a cargo de la investigación, el licenciado Augusto Galindo, el cual me comentó que no ha tenido tiempo para revisar el caso.

“Nuestra desesperación, impotencia y dolor se hacía más presente, no solo porque no había indicio de la localización de nuestro papá, sino porque todavía ni se había girado la orden para la revisión de cámaras ni de otras acciones pertinentes en este tipo de casos. Dicha orden se dirigió 18 días después del hecho”, critica.

Por su parte, Yesenia Rojo, integrante del Frente Cívico Sinaloense, menciona que están apoyando a la familia desde varios frentes legales.

“Ayer presentamos un amparo, cuya intención es pedirle informes a la Fiscalía y las autoridades implicadas. Pero el amparo no va nada más en ese sentido de ver lo que han hecho o lo que hicieron mal; aquí nosotros estamos esperando lograr que le den vista en el Ministerio Público Federal, y que ellos inicien una carpeta también”, menciona.

“Confiamos mucho en el recurso de amparo porque hasta ahorita los que hemos promovido son desaparecidos de hace dos o cinco años, entonces veremos si nos sirve en el caso de desapariciones inmediatas. También estamos pidiendo el apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice.