ANIMAL POLÍTICO.- Eduardo Medina Mora renunció a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una carta presentó su dimisión al ministro presidente Arturo Zaldívar.
El también exprocurador de la República deja su cargo 11 años antes de terminar su periodo en 2030. Cada ministro de la corte está en funciones 15 años.
A través de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Medina Mora.
En febrero de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la terna para ocupar la vacante que dejaba el ministro Sergio Valls. En esa lista fue incluido Medina Mora.
Organizaciones sociales, ciudadanos y activistas se inconformaron por la nominación del exprocurador, pues acusaban que durante los diversos cargos públicos que había tenido habían ocurrido diversas violaciones a derechos humanos, además de que se oponía a la interrupción legal del embarazo.
Medina Mora llegó a la SCJN en marzo de 2015. Antes fue titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entre 2000 y 2005.
Ese año fue designado por el presidente Vicente Fox como Secretario de Seguridad Pública.
En el sexenio de Felipe Calderón fue propuesto por éste como Procurador General de la República, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y 2009.
Los casos polémicos de Medina Mora
Bajo su mandato en la entonces PGR ocurrieron varios casos de violaciones graves a derechos humanos.
Uno fue la detención y encarcelamiento por más de tres años de Jacinta, Teresa y Alberta, indígenas otomíes acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).
Por este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que resolvió que servidores públicos de la PGR violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de las tres mujeres.
También durante la gestión del exministro en la PGR ocurrió el “Michoacanazo”, caso en el que 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán fueron detenidos por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los detenidos fueron arraigados por meses, pero al final todos fueron liberados pues las pruebas aportadas por la PGR fueron desechadas.
Cuando fue incluido en la terna para la Suprema Corte, activistas reprocharon que desde la PGR impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra las reformas al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de Salud para el Distrito Federal, que despenalizaban la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.