En una entrevista, el joven abogado destripa todo el proceso legal que ha llevado a cabo al descubrirse 6 mil millones de pesos en irregularidades durante la gubernatura de Mario López Valdez
Mazatlán, Sinaloa.- Humberto Alejandro Villasana Falcón comenzó a desprender su carrera a sus 23 años, ostentando distintos cargos, desde la Aduana hasta ser abogado del exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
Su cargo durante esta gubernatura se desempeñó específicamente en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, comandada por Gerardo Vargas Landeros.
La entrevista de parte de un reconocido semanario comienza con declaraciones de Villasana Falcón, en donde se le cita textualmente: “Yo no puedo decir que (con Malova) hubo corrupción (…) No me toca a mí decirlo…”, señala.
Asímismo deja en claro que conoció a Malova hasta el 2010 y que la relación comenzó siendo estrictamente laboral, encabezando la defensa electoral del entonces candidato, sin embargo, reconoce que ahora es cercano al exgobernador y también a Vargas Landeros.
Posteriormente López Valdez ganaría la gubernatura cobijado por el Convergencia, PRD y PAN, derrotando a su fuerte contrincante Jesús Vizcarra Calderón.
Una vez adentro
Villasana Falcón adquirió la función de director de Asuntos Jurídicos, conociendo todos los detalles penales y administrativos que fueron señalados durante la administración malovista.
Fue entonces quien defendía y al mismo tiempo conocía todos los pormenores de López Valdez, así como de todos sus secretarios, subsecretarios, coordinadores y directores de dicha administración.
Para 2016, en la última recta, fue movido a un puesto clave en la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, una vez que Juan Pablo Yurimi Robles abandonó su cargo para postularse por una candidatura en Ahome.
“Teníamos un récord”, señala, “eran 120 sanciones administrativas contra funcionarios por irregularidades”.
A partir de ese momento tenía 10 meses para limpiar todas las cuentas de la administración, sin embargo, ese lapso no fue suficiente, pues la Auditoría Superior de la Federación señaló que a la salida de López Valdez éste había dejado más de 6 mil millones de pesos en irregularidades.
La mayoría de éstas han sido resueltas por la actual administración de Quirino Ordaz Coppel, reduciendo la deuda a mil 200 millones de pesos en sanciones.
El trabajo sucio no terminó
A la llegada de Ordaz Coppel se comenzó con una revisión que determinó un total de 15 sanciones administrativas, incluyendo entre ellas a exsecretarios como Rafael Lizárraga Favela, de Turismo; José Luis Sevilla Suárez Peredo, de Obras Públicas; Ernesto Echeverría Aispuro, de Salud; y Armando Villarreal Ibarra, de Administración y Finanzas.
A pregunta expresa el abogado de los políticos, Villasana Falcón, reconoce trabajar con quien busque sus servicios, pues su especialidad ha sido el trabajo jurídico sobre asuntos administrativos, llevando a cabo casos como el de Echeverría Aispuro, quien fuese inhabilitado por 15 años y multado por más de 480 millones de pesos.
Funge además como asesor jurídico de Armando Villarreal Ibarra, quien enfrenta un asunto penal tras haber sido acusado de desviar 293.5 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas.
De la misma forma también fue asesor legal de Luis Ángel Pineda Ochoa, a quien se le condenó a 13 años de prisión, se le impuso una multa de 54 mil 780 pesos y la devolución de los 8 millones 651 mil 798 pesos que se aseguró utilizó para financiar campas turísticas, sin embargo, se descubrió que lo desvió a cuentas personales.
Al respecto Villasana Falcón asegura haber desconocido en su momento cada uno de los fraudes mencionados durante la administración malovista, pues éstos se han venido ventilando derivado de auditorías y otros procedimientos iniciados una vez concluida dicha gubernatura.
“No tuve ni conocimiento personal de los temas, ni conocimiento formal u oficial, de ninguna manera, te lo digo con toda la tranquilidad del mundo y con toda la entereza”.
Ahora es el defensor de los malovistas, un abogado mesurado, que prefiere evitar la confrontación sobre cómo se ha conducido la actual administración sobre las sanciones a sus excompañeros.
“Considero que no soy yo para juzgarlo, lo que sí debo decir es que todos, todos los mexicanos, tienen derecho a una legítima defensa”, agrega.