En la sesión ordinaria de este viernes, el pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión para determinar el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
Al principio de la discusión se presentó a las partes defensora y acusadora. El abogado Alonso Aguilar Zinser tomó protesta como representante de García Cabeza de Vaca, quien decidió no participar en este acto.
Tras la integración del jurado de procedencia, la Cámara de Diputados comenzó el debate sobre el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, quien está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Elizabeth Alcántar Cruz, en representación de la Fiscalía Federal de la República (FGR) comenzó el debate al resumir los delitos por el que se le acusa al gobernador de Tamaulipas.
Acusó que García Cabeza de Vaca ha acumulado una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.
El valor estimado de todas estos bienes, dijo, asciende a 951 millones de pesos. Esto es “muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas”, por lo que estimó que debe proceder el desafuero.
Tras su participación, el abogado Alonso Aguilar Zinser tomó la palabra y defendió que su cliente no omitió declarar sus ingresos acumulados ante las autoridades, por lo que dijo que la acusación es improcedente.
La defensa del gobernador de Tamaulipas argumentó que se violó el derecho a la privacidad del acusado al realizar una audiencia pública el 19 de marzo pasado en la que se proporcionó información no corroborada y que “no es materia de la acusación” contra García Cabeza de Vaca.
Tras las declaraciones iniciales, ambas partes utilizaron una réplica para precisar que este debate es sólo para determinar la procedencia del desafuero.
Al finalizar la discusión se retiraron del inmueble las partes acusadora y defensora. Esta última salió de la videollamada. Momentos después, el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dijo que esta considera procedente el desafuero contra García Cabeza de Vaca.
Comentó que no hay elementos suficientes para inculpar al gobernador de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, dijo, sí hay pruebas para mostrar que cometió defraudación fiscal por seis millones de pesos.
“La Sección Instructora sostiene que hay fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de entregar al fisco federal más de seis millones de pesos”, dijo el legislador.
Seis oradores en contra y otros seis a favor del desafuero expusieron su postura sobre el caso. Al comenzar esta ronda de debates, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks criticó que este dictamen para avalar el desafuero a García Cabeza de Vaca se realizó sin un análisis profundo y con intenciones electorales.
Acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha comandado una ofensiva ilegal. Primero vulnerando el debido proceso y, segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que está en marcha”.
Durante su participación, sus compañeros de bancada levantaron una pancarta con la leyenda “Basta de persecución política. Alto al uso electoral de la justicia”, en alusión a la postura del legislador Romero Hicks.
En marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Elizabeth Alcántar Cruz, en representación de la Fiscalía Federal de la República (FGR) comenzó el debate al resumir los delitos por el que se le acusa al gobernador de Tamaulipas. Acusó que García Cabeza de Vaca ha acumulado una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.
En respuesta, García Cabeza de Vaca afirmó que estas acusaciones son un “linchamiento político” de cara a las elecciones de junio próximo.
Tras la entrega de documentación por parte de la UIF, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados considera que hay pruebas útiles y suficientes para evidenciar que García Cabeza de Vaca omitió parcialmente el pago de impuestos federales “obteniendo un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco federal por 6 millones 511 mil 777 pesos”.
Esta Sección Instructora reconoce que el gobernador realizó operaciones que se relacionaron con personas físicas y morales que fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que algunas están incluidas en la lista de simuladores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: Latinus