La pugna entre ambos data de 2019, cuando se realizó la contienda interna para elegir al nuevo presidente del partido
La mañana del martes 29 de junio, un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderados por Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Profesional de Derecho; bloquearon las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del instituto político, ubicado en la avenida Insurgentes Norte de la Ciudad de México, para exigir la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”.
La exigencia deriva de la derrota del partido tricolor en las pasadas elecciones del 6 de junio, en donde el PRI no ganó ninguna gubernatura y perdió las ocho que aún mantenía, lo cual fue considerado por Ulises Ruiz como “las más humillantes de sus derrotas”.
Por la tarde, el bloqueo a la sede nacional priista escaló de nivel luego de que un grupo armado con palos, piedras, e incluso, con armas de fuego; llegó al edificio, lo que derivó en un zafarrancho que dejó al menos una persona lesionada de un disparo, identificado como Edmundo Cruz, y otros más por golpes.
La escena recordó al añejo PRI, en el que era una constante el uso de grupos de choque que rompían manifestaciones o causaban inestabilidad social y política.
La dirigencia nacional del partido señaló que la actuación del grupo de golpeadores fue obra de Nallely Gutiérrez y del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con quien el actual dirigente priista, Alejandro Moreno, mantiene una añeja confrontación.
El PRI nacional acusó que tanto Ruiz Ortiz como Gutiérrez Gijón, de hacer proselitismo de Morena, del Partido Encuentro Social (PES) y de Movimiento Ciudadano (MC) en las pasadas elecciones, por lo que habló de la expulsión de las filas del partido de ambos personajes.
Los organismos internos del partido que acusaron a Ulises Ruiz y a Nallely Gutiérrez y ofrecieron su apoyo a la dirigencia nacional fueron: la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), la Red Jóvenes X México (RJXM), Fundación Colosio, Movimiento PRI Mx y el Instituto Reyes Heroles.
Por su parte, Ulises Ruiz, responsabilizó a Rubén Moreira, José Murat e Israel Betanzos “de cualquier agresión que sufran los militantes que pacíficamente mantienen tomado el PRI. Esto es un asunto de política, no de golpeadores y porros”, aseguró.
La rivalidad entre Alejandro Moreno y Ulises Ruiz
Los enfrentamientos entre Moreno y Ruiz datan de 2019, cuando se renovó la dirigencia nacional del partido.
La contienda dejó profundas heridas y ahondó las diferencias entre los distintos grupos internos. Una de estas fue la que encabezaron Alejandro Moreno Cárdenas y Ulises Ruiz Ortiz.
En el camino por la dirigencia tricolor, quedaron fuera de la contienda el exrector de la UNAM, José Narro, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Pacheco, quien al no resultar favorecida en la contienda interna, renunció al partido tras 29 años de militancia.
Pero el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, intentó seguir. Sin embargo, le cerraron el paso con candados en la convocatoria que él no impugnó en el momento oportuno, sino hasta después de la negativa de su registro como candidato a la dirigencia nacional priista.
En julio de 2019, Ulises Ruiz presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito. Pidió indagar la compra de casas y terrenos en Campeche que realizó Moreno Cárdenas entre 2012 y 2015 y que aparecen declaradas en su 3 de 3 y que -a decir de Ulises- no corresponden con sus ingresos.
Aunque la denuncia quedó archivada, versiones periodísticas señalan que la Fiscalía estaría reactivando las denuncias contra Moreno Cárdenas, no solo por enriquecimiento ilícito, sino por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, con prácticas recurrentes como la alteración del valor de las operaciones de compra y venta de los inmuebles”, en medio de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que podría negociar con el PRI para sacar adelante las reformas constitucionales del mandatario.
La lucha entre Alejandro Moreno y Ulises Ruiz derivó en un intento fallido de expulsar al exgobernador oaxaqueño de las filas priistas, aunque no precisamente por el proceso interno, sino por el proceso electoral 2017-2018, donde según priistas, Ruiz Ortiz habría apoyado a candidatos de otros partidos.
Muchas de las acusaciones contra Ulises Ruiz derivan de su tiempo como gobernador de Oaxaca, cuya administración fue señalada de represora.
En 2016, la llamada Comisión de la Verdad de Oaxaca, concluyó una investigación en la que determinó que Ulises Ruiz cometió delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias con tortura ocurridos durante la revuelta social de 2006, encabezada por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes mantenían exigencias laborales.
La protesta de los maestros disidentes, que llevaban 23 días en plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, derivó en un violento desalojo que desató un conflicto social y político que se extendió hasta 2007.
Durante ese período, se suscitaron una serie de enfrentamientos entre el magisterio, organizaciones sociales y población en general con la Policía Preventiva del Estado y la Policía Federal; operativos ordenados por el entonces presidente panista Vicente Fox.
A lo largo de los seis meses de protestas se registraron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 381 lesionados, 248 casos de tortura documentados y la desaparición forzada de dos personas.
En 2008, Emeterio Marino Cruz, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), presentó una denuncia penal en la extinta Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) contra Ulises Ruiz Ortiz y exfuncionarios estatales.
En la querella, lo señaló como responsables de los delitos de tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura física, moral, psicológica, trato cruel inhumano y degradante, coalición de servidores públicos y lesiones. Sin embargo, Ulises Ruiz libró la cárcel.
El 12 de agosto de 2010, el exgobernador oaxaqueño fue exonerado por el Congreso estatal de enfrentar un juicio político por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el movimiento político-social de 2006.
Fuente: Infobae