El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el decreto que protege los megaproyectos de infraestructura que impulsa su gobierno “es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”.
“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, afirmó el mandatario.
López Obrador afirmó que el acuerdo “no tiene nada que ver con la transparencia” y aseveró que únicamente busca mejorar los procesos entre las dependencias que tienen participación en alguna obra de su administración.
“Por ejemplo, que medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, que terminar las obras, esto no tiene nada que ver con la transparencia”, dijo.
El Ejecutivo federal rechazó que con el decreto se pretenda ocultar información sobre los megaproyectos como acusó la oposición y aseveró que en su gobierno “todos estamos obligados a rendir cuentas”.
“Aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción, también cero impunidad, no somos iguales”, concluyó.
Ayer por la tarde se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los megaproyectos y obras del gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
El presidente declaró que serán considerados proyectos de seguridad nacional e interés público aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
Los proyectos podrán estar asociados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, decretó.
Obras insignia del actual gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas entrarían en la definición de seguridad nacional, así que el gobierno federal podría negarse a entregar información vía transparencia sobre estos proyectos.