Tras ser omisos por más de medio año, la Cámara de Diputados recibió una última prórroga del Poder Judicial para corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como “Ley Chayote”, en materia de gastos en publicidad oficial.
La Cámara de Diputados debió resolver las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de finalizar su periodo ordinario de sesiones de 2021 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, fueron omisos y solicitaron prórrogas que también incumplieron.
El pasado 4 de mayo, el Juzgado Sexto en Distrito de Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió por última vez una prórroga a la Cámara de Diputados para legislar en materia de gastos en publicidad oficial a medios de comunicación.
El juzgado concedió una extensión de 30 días hábiles, que comenzarán a contar a partir del 1 de septiembre, para que la Cámara Baja resuelva el acato de la SCJN.
“Se concede por última ocasión al Congreso de la Unión una prórroga de treinta días hábiles, contados a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que acrediten haber cumplido con el fallo protector”, dice la resolución del juzgado.
En caso de que no cumplan podrán ser sancionados con multas.
Previamente, la Cámara de Diputados había señalado que la Subcomisión de Información y Democracia elaboraría y aprobaría el anteproyecto de dictamen de reforma a la Ley General de Comunicación Social a más tardar el miércoles 6 de abril de 2022, pero no fue así.
SCJN otorgó amparo contra la “Ley Chayote”
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concendió a la organización Artículo 19 un amparo contra la Ley General de Comunicación Social de 2014.
En ese entonces, la Corte resolvió que la “Ley Chayote” no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el gasto cumpla con el objetivo de disminuir la discrecionalidad de los agentes gubernamentales.
La SCJN ordenó al Congreso de la Unión la expedición de una Ley General de Comunicación Social que “garantizara que el gasto en comunicación social se apegara a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y a los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.
En esa ocasión, la Corte ordenó al Congreso de la Unión subsanar las deficiencias de la “Ley Chayote” antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones correspondientes a 2021.
Fuente: Latinus