La ex presidenta del PRI, Dulce María Sauri, presentó hoy una impugnación ante la Comisión de Justicia Partidaria de ese partido, en contra de “la sorpresiva y artera” reforma a los estatutos de ese Instituto Político, que permitieron a la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, prolongar su mandato hasta el 2024 para controlar el proceso electoral.
“Recuperar la institucionalidad es la única vía para retomar el camino”, escribió en su cuenta de twitter y en entrevista detalló que esta es la primera instancia y la siguiente es el Instituto Nacional Electoral (INE), que es la autoridad encargad de aceptar o negar el registro de la reformas a los estatutos”.
“El último es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “al que tendremos que acudir si los demás nos dan palo”. Resaltó que no se pueden saltar etapas y deben agotar las instancias internas.
Un día antes el también ex presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, acudió también a la Comisión de Justicia Partidista, al igual que los senadores Claudia Ruíz Massieu y Miguel Angel Osorio Chong.
Estos últimos lo hicieron inicialmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que en esa Comisión de Justicia Partidista no les aceptaban la impugnación a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional priísta.
Osorio Chong dio a conocer hoy en sus redes sociales el escrito que finalmente se recibió en la Comisión Nacional de Justicia Partidista, en el que solicitan “dar trámite al juicio para la protección de sus derechos político electorales y remitirlo a la Sala Superior del TEPJF.
Por su parte, Sauri precisó que en su impugnación argumentó que no se reunieron los requisitos para convocar a una sesión extraordinaria del CPN, ya que no se justifica armonizar las normas internas de partido a una nueva legislación electoral, la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera ha concluido.
El cambio central a los estatutos, explicó, fue para ampliar la permanencia de Moreno Cárdenas y su comité cuatro meses y medio, ya que en el el Plan B del ejecutivo, que quedó en el Senado para votarse en febrero próximo, el proceso electoral del 2024 se corre de septiembre a noviembre y Alito prorroga por ello su período, aunque se había comprometido
a interponer una controversia constitucional para frenar esa reforma.
Fuente: La Jornada