Redacción
Mazatlán, Sinaloa. QPEM. (Fuente: El Economista) El presupuesto federal para el desarrollo de infraestructura fue de 683,000 millones de pesos en el 2023; sin embargo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que existe evidencia de la ejecución de 184,000 millones de pesos, es decir, sólo 26% del total.
Francisco Javier Solares Alemán, presidente nacional de la organización privada, remarcó la falta de transparencia, ya que existe un subejercicio en casi tres cuartas partes (74%) de los recursos públicos destinados al equipamiento público.
“Desde nuestro observatorio identificamos que sólo hay claridad en 26% del presupuesto, en donde ubicamos el uso (de los recursos) a través de licitaciones de manera oficial. Sí se ejerce la inversión, pero hay opacidad y tiene que ver con que el ejército dice que no puede dar cuentas de sus gastos”, comentó en conferencia de prensa.
Por su parte, José Alfonso Carrillo Silva, director de infraestructura y estadística de la CMIC, explicó que del total del presupuesto para infraestructura en el 2023, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex recibieron más del 50% en conjunto.
“En el caso de Pemex, sólo tenemos claridad de 19% de su presupuesto, cuando ellos traen 427,000 millones de pesos; mientras que para CFE logramos 54% de sus 30,000 millones de pesos”, agregó Carrillo.
Corrupción en el sector
Entre las principales razones que el ejecutivo dio para dejar la construcción de las principales obras de infraestructura del sexenio en manos del ejército nacional, destacó la supuesta corrupción que se daba en las licitaciones y contratos con las empresas privadas en administraciones anteriores.
Al respecto, el líder de la CMIC argumentó que, si bien “se forjó la imagen de que todos los constructores somos corruptos, desgraciadamente, la corrupción no es algo privativo de un gremio o sector económico”, y añadió que “la corrupción es como un baile de salón: debe haber dos” para que se lleve a cabo.
Solares Alemán agregó que las empresas que incurran en delitos de este tipo deben pagar las consecuencias, pero aseguró que, hasta el momento, no se ha comprobado nada.
Asimismo, apuntó que la CMIC no puede imponer sanciones legales a las empresas afiliadas a la Cámara que incurran en algún delito, por lo que la acción más contundente que puede tomar es la expulsión de la organización, tal como se hizo con Odebrecht, la empresa constructora brasileña acusada de entregar sobornos entre el 2006 y el 2011 a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
“La mayor sanción que ha aplicado CMIC fue la expulsión de Odebrecht, porque aquí no cabe gente corrupta”, añadió Solares.