La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la noche del viernes que Marilyn Cote fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de usurpación de identidad, tras hacerse pasar como psiquiatra sin contar con la preparación ni las acreditaciones requeridas para ejercer esta profesión.
El caso de Cote cobró notoriedad a través de redes sociales, donde surgieron denuncias de que la mujer presumía ser doctora en Neurociencias y experta en Neuropsicología. Con estas credenciales falsas, habría dado consultas y recetado medicamentos controlados a pacientes, acciones que ahora son investigadas por las autoridades.
Denuncias en redes y evidencias
Según la información disponible, Cote únicamente cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Criminalística, estudios que no la habilitan para el ejercicio médico ni para la prescripción de medicamentos. A pesar de esto, en su página web y redes sociales, aseguraba haber tratado casos complejos de depresión y ansiedad en tan solo una semana.
Además, presumía reconocimientos internacionales, como haber trabajado cinco años en la Unidad de Análisis de Conducta del FBI en Quantico, Virginia, y mostró fotografías alteradas que respaldaban estas afirmaciones. Entre los documentos incautados, se encontró una licencia de conducir manipulada.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Tras ser detenida, Cote fue presentación ante un juez, quien se comprometió a vincularla a proceso y dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, argumentando el riesgo que su presunta conducta representa para la sociedad. Se inició un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso, tiempo en el que las autoridades buscarán consolidar las pruebas.
Impacto mediático y reacción social.
El caso de Marilyn Cote se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios que denunciaron su conducta como un riesgo grave para los pacientes. La presión mediática fue clave para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, destacando una vez más el poder de las redes sociales para visibilizar posibles delitos.
Este proceso abre el debate sobre la regulación y supervisión de las credenciales de quienes ofrecen servicios de salud, así como la necesidad de reforzar las medidas para prevenir casos similares en el futuro.