Redacción
Mazatlán, Sinaloa. QPEM. El creciente reto en la ciudad fronteriza de Tijuana que encaran las autoridades para proteger la salud mental de los migrantes ante las deportaciones masivas, y evitar así que terminen en una situación de calle y en el consumo de sustancias, advirtió la Organización No Gubernamental (ONG), “Elementa DDHH”.
En un encuentro con medios de comunicación – explicó Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización-, que esta medida va más allá de los programas de protección que se instrumentaron para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, y su razón deriva en la crisis de opioides que se vive en esta zona fronteriza.
“Las principales características de las personas usuarias de sustancias en Tijuana son hombres, la mayoría migrantes que habían intentado cruzar la frontera o que fueron deportados de Estados Unidos”, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
Por lo tanto, las autoridades deben llevar a cabo una política real de salud mental, ya que es un tema que en Baja California, y en particular Tijuana, las autoridades del gobierno estatal lo tienen bien identificado y documentado.
“No es algo nuevo, el mismo gobierno del estado tiene ya documentado el cómo el fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deberían tener respuestas a esa situación como consecuencia de la frustración, la depresión y la caída del estado de ánimo tras haber sido repatriados contra su voluntad”, se dijo.
En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Con información de EFE.