En una decisión que ha encendido alarmas en círculos legales y defensores de derechos humanos, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que el expresidente Donald Trump utilice, de manera temporal, una antigua ley de tiempos de guerra para acelerar deportaciones de inmigrantes que considera “enemigos extranjeros”. Esta decisión se da mientras el caso continúa su curso en tribunales inferiores.
La resolución, emitida sin firma, representa una importante victoria para la administración de Trump, que busca aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar de forma expedita a presuntos integrantes de pandillas, argumentando que representan una amenaza nacional.
¿Qué significa esta decisión?
Con esta autorización provisional, las autoridades pueden seguir utilizando la controvertida legislación para expulsar migrantes mientras el caso se litiga. Sin embargo, la Corte estableció que los afectados deben ser notificados adecuadamente y tener la oportunidad de presentar apelaciones, como solicitudes de habeas corpus.
El uso de esta ley –que data de la época de John Adams– ha sido altamente cuestionado, ya que fue concebida para situaciones de guerra o invasión por potencias extranjeras. Trump argumenta que el flujo de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua representa una forma de “invasión”, y por tanto, justifica su aplicación.
Un país dividido ante la medida
Mientras Trump celebró la decisión calificándola como un “gran día para la justicia en Estados Unidos”, sectores progresistas de la Corte y múltiples organizaciones la consideran una amenaza al estado de derecho.
“La mayoría ha recompensado al gobierno por una conducta que representa una amenaza extraordinaria”, escribió la jueza Sonia Sotomayor, quien encabezó el disenso junto a las magistradas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
Sotomayor cuestionó especialmente que el gobierno continuara con deportaciones pese a una orden judicial que lo prohibía, lo cual calificó como una “falta grave de respeto al poder judicial”.
Por su parte, la jueza Jackson comparó la situación con el histórico y polémico caso Korematsu, que validó el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, alertando sobre una peligrosa repetición de decisiones arbitrarias en contextos de emergencia.
Deportaciones exprés y errores críticos
La implementación de esta ley ya ha comenzado a mostrar sus consecuencias. Pocos después de su invocación, más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador y alojados en una prisión de máxima seguridad. Aunque la administración afirma que eran integrantes del Tren de Aragua, no ha quedado claro cómo se determinaron esos vínculos.
Además, salió a la luz el caso de Kilmar Abrego García, un padre de familia residente de Maryland, que fue deportado por error debido a una confusión administrativa. Aunque su caso se basó en otra autoridad legal, expone el riesgo de las deportaciones aceleradas sin el debido proceso.
Un enfrentamiento con los jueces federales
La autorización de la Corte Suprema también suspende temporalmente las órdenes del juez federal James Boasberg, quien había bloqueado la aplicación de la ley a cinco demandantes venezolanos y un grupo más amplio de migrantes.
Trump ha arremetido contra Boasberg por frenar su política, lo que provocó incluso una inusual advertencia del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, por los ataques al sistema judicial.
Este martes, Boasberg tiene previsto escuchar argumentos sobre si se debe bloquear indefinidamente el uso de esta autoridad de tiempos de guerra y si se debe considerar al gobierno en desacato por incumplir órdenes anteriores.
¿Qué sigue?
Por ahora, el gobierno de Trump tiene vía libre para aplicar una de las herramientas legales más amplias del arsenal presidencial, aunque con condiciones mínimas de transparencia. Sin embargo, el caso sigue en litigio, y los próximos fallos podrían redefinir los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
Mientras tanto, el uso de una ley de hace más de dos siglos para enfrentar una crisis contemporánea coloca al país en una delicada encrucijada: ¿hasta dónde puede llegar el presidente en nombre de la seguridad nacional?
MG.