La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno trabaja en una reforma profunda a la Ley de Aduanas, con el objetivo de cerrar los vacíos legales que permiten prácticas irregulares en las entradas y salidas del país. La propuesta buscará poner freno al contrabando, al tráfico de productos no fiscalizados y a una red de corrupción que, según autoridades de Estados Unidos, está infiltrada por el crimen organizado.
El problema: productos que entran como si salieran
Durante su conferencia matutina de este 15 de abril, Sheinbaum explicó que uno de los principales focos rojos está en los llamados recintos fiscalizados, donde se importan productos que presuntamente están destinados a la exportación, y por tanto no pagan IVA ni IEPS, pero que terminan circulando en territorio mexicano, evadiendo impuestos millonarios.
“Se dice que se va a exportar y no es cierto. Se quedan en México y no pagan impuestos. Eso es lo que estamos revisando”, detalló la mandataria.
Agentes aduanales, bajo la lupa
Un punto clave de la reforma es que ahora todos los involucrados será responsables legalmente: desde quien importa el producto, hasta los servidores públicos y los agentes aduanales, quienes anteriormente actuaban sin rendir cuentas.
“Es como un notario: el gobierno le confiere una responsabilidad. Ya no pueden deslindarse si hay irregularidades”, subrayó Sheinbaum.
Con estas medidas, se busca detectar y sancionar maniobras fraudulentas, eliminar redes de corrupción y reforzar la transparencia en las operaciones comerciales internacionales.
Las aduanas, una mina de oro… y de riesgos
Las aduanas mexicanas representan una fuente enorme de recaudación: hasta 1.25 billones de pesos al año. Tan solo en lo que va del sexenio, este sector también se ha convertido en foco de críticas internacionales.
Estados Unidos levanta la voz: corrupción y narco
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la corrupción en las aduanas mexicanas. El Departamento de Justicia ha identificado a funcionarios y políticos —incluyendo exgobernadores, senadores y magistrados— involucrados en redes de tráfico de influencias, entre ellos Alex Tonatiuh Márquez Hernández y José Ramón Gómez Leal, vinculados con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Uno de los esquemas más alarmantes es el “huachicol fiscal”, que consiste en la importación ilegal de gasolina y diésel sin el pago correspondiente de impuestos.
Washington ha solicitado formalmente la colaboración del gobierno mexicano para entregar voluntariamente a los implicados y ha advertido que la falta de cooperación podría escalar a un incidente diplomático.
Obstáculo para el comercio exterior
El más reciente informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) acusa a México de prácticas aduaneras inconsistentes, demoras injustificadas, trabas regulatorias y falta de transparencia, lo cual ha impactado negativamente las relaciones comerciales bilaterales. También señala que estas acciones violan los compromisos del T-MEC, y anticipa que se usarán mecanismos legales del tratado para exigir el cumplimiento.
¿Qué viene ahora?
La propuesta de reforma será presentada en las próximas semanas y se espera que cause debate, tanto en el Congreso como a nivel internacional. Para el gobierno de Sheinbaum, se trata de recuperar el control de las fronteras, proteger el ingreso público y combatir la impunidad desde las aduanas.
El mensaje es claro: no habrá más espacio para la simulación ni para los cómplices del contrabando.
MG.