Luego del tráfico accidente en el festival Axe Ceremonia, donde dos jóvenes fotorreporteros perdieron la vida aplastados por una estructura metálica, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina del lunes 12 de mayo, asegurando que se tomarán medidas firmas y definitivas sobre el futuro del Parque Bicentenario.
El evento, ocurrido el pasado 5 de abril, generó indignación entre gremios periodísticos y usuarios en redes sociales, quienes denunciaron la falta de condiciones seguras en eventos masivos y exigieron justicia para Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlalli Berenice Giles Rivera, las víctimas del accidente.
Frente a las cámaras, Sheinbaum fue clara: su gobierno está trabajando para revocar la concesión del recinto ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuya operación fue otorgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Se está haciendo todo para retirar la concesión. Hay temas jurídicos que están revisando la Consejería Jurídica, Sedatu e Indavi, pero se va a retirar”, afirmó.
La mandataria federal adelantó que el plan es entregar la administración del Parque Bicentenario a la Secretaría de Cultura Federal, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. “No tiene sentido que un espacio esté bajo una concesión privada. Queremos que se convierta en un espacio cultural operado directamente por el Estado”, puntualizó.
Investigación en curso y presión política
En cuanto al proceso legal, la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una investigación formal contra cuatro empresas por su posible responsabilidad en el colapso de la estructura durante el festival. Según el fiscal Bertha Alcalde Luján, el caso presenta avances importantes, aunque no se han revelado los nombres de las compañías involucradas por motivos de confidencialidad.
“Hasta el momento se han realizado más de 35 entrevistas y más de 20 peritajes en diversas disciplinas como seguridad industrial, criminalística y medicina forense”, detalló la fiscal. El objetivo es establecer con precisión las causas del colapso y detectar posibles negligencias por parte de organizadores y proveedores.
La reacción social no se hizo esperar. Diversos colectivos periodísticos han alzado la voz exigiendo justicia y protocolos más estrictos de seguridad en eventos públicos. En redes sociales, las críticas al festival y a las autoridades encargadas del operativo no han cesado, y el caso se mantiene bajo el escrutinio público.
Mientras avanza la investigación, la postura del gobierno es clara: no habrá impunidad. Sheinbaum reiteró su compromiso con la seguridad en espacios públicos y la transparencia en la resolución del caso. “Toda actividad debe cumplir con los lineamientos de Protección Civil. No puede volver a pasar una tragedia como esta”, concluyó.
MG.