Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema del paro magisterial impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE), asegurando que, aunque en México existe la libertad para manifestarse, las ausencias laborales podrían traducirse en sanciones económicas para los docentes que dejaron las aulas.
“Cada entidad tomará su decisión”, aclaró Sheinbaum al ser cuestionada por un reporte sobre la posibilidad de aplicar descuentos a los maestros que anticiparon en las movilizaciones. Añadió que esta ha sido la práctica común en eventos anteriores y que corresponde a los gobiernos estatales decidir cómo proceder
La presidenta también subrayó que hasta ahora, el paro ha afectado al 9% de las escuelas del país, según el más reciente reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado.
Estados más afectados
Oaxaca lidera la lista de entidades con mayor número de escuelas en paro, con 12 mil 484 instituciones sin clases, lo que representa un abrumador 95.03% de su sistema educativo. Le siguen Chiapas con 3 mil 388 escuelas (18.24%), Zacatecas con 2 mil 195 (49.59%) y Guerrero con mil 375 escuelas (13.27%).
A nivel nacional, el total de planteles afectados por el paro asciende a 19 mil 974 de un aniversario de 202 mil 184, lo que representa el 9.8%. No obstante, el secretario de Educación Pública destacó que más de 19 millones de estudiantes (92% del total de nivel básico) sí asistieron a clases en más de 182 mil escuelas.
Más de un millón sin clases
A pesar de que la mayoría de los alumnos ha mantenido sus clases de manera regular, se calcula que aproximadamente 1.2 millones de estudiantes resultaron directamente afectados por el paro.
Delgado expresó su confianza en que las actividades escolares se normalicen pronto y que las autoridades locales, junto con los maestros, encontrarán soluciones que permitan cerrar el ciclo sin perjudicar a los alumnos.
Entre derechos laborales y la continuidad educativa
Mientras el gobierno federal afirma su respeto al derecho de manifestación, también marca una postura firme respecto a las obligaciones laborales. La decisión de aplicar o no descuentos será un equilibrio entre permitir la protesta y garantizar que el sistema educativo no se vea comprometido.
Las negociaciones continúan, pero el mensaje es claro: aunque se respeta la libre expresión, también habrá consecuencias administrativas para quienes hayan dejado las aulas.
MG.