Una nueva controversia rodea al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelara el hallazgo de infraestructura hidráulica ilegal dentro de una de sus propiedades. La denuncia fue expuesta públicamente durante la conferencia matutina del Gobierno Federal.
De acuerdo con Efraín Morales López, titular de la Conagua, en el rancho del exmandatario –actualmente en prisión domiciliaria—se encontraron presas y represas clandestinas con una capacidad de almacenamiento de hasta 700 mil metros cúbicos de agua, construidas sin los permisos correspondientes.
Presas ilegales y pozos sin concesión
Durante su intervención, Morales mostró imágenes y videos del operativo realizado en el predio, donde también se identificaron pozos que operaban sin concesión legal. Todos ellos fueron clausurados por las autoridades.
“Es indignante que, en un estado como Chihuahua, afectado por la sequía y el cambio climático, mientras productores batallan para sembrar, un exgobernador construya represas ilegales para su beneficio personal”, señaló el funcionario.
El operativo se llevó a cabo después de que el pasado lunes se notificara a Duarte la intención de demoler cinco represas, una presa principal y un pozo. Sin embargo, un día después, los trabajos fueron frenados temporalmente por una suspensión provisional otorgado por la jueza Madhay Soto Morales, la misma que anteriormente detuvo el reparto de los libros de texto gratuitos de la SEP.
Acciones legales en curso
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de la Conagua, subrayando que su administración dará seguimiento a las irregularidades relacionadas con las concesiones de agua, un tema que ya había sido abordado en conjunto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Recuerden que cuando entró el presidente se quemó un piso de la Conagua, donde estaban todos los archivos de las concesiones… casualmente”, recordó Sheinbaum, en referencia a irregularidades del pasado.
También anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) no solo por uso ilegal del agua, sino también contra cómplices y responsables que hayan emitido o facilitado estos hechos.
Este caso refuerza las sospechas sobre el uso del poder político para beneficio privado, una práctica que – según la administración actual – fue común durante el llamado periodo neoliberal.
MG.