Ciudad de México. – Las primeras elecciones judiciales en la historia del país se llevaron a cabo con una participación ciudadana cercana al 13%, una cifra que, aunque baja, ha sido defendida por el Gobierno federal como un paso decisivo hacia la democratización del sistema de justicia.
La jornada, marcada por la apatía y el desconocimiento generalizado sobre los miles de candidatos en contienda, reveló las dificultades de implementar un proceso electoral inédito y complejo. Más de 2.600 cargos judiciales estaban en juego, pero para muchos votantes, los nombres en las boletas resultaban completamente desconocidos. Además, el número y la extensión de las papeletas contribuyeron al desconcierto, dificultando el ejercicio del voto informado.
A pesar del escaso entusiasmo ciudadano, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados como una victoria democrática. En un mensaje difundido en redes sociales, destacó que más de 13 millones de personas acudieron a las urnas, y subrayó que permitir al pueblo elegir a jueces y magistrados es prueba de la voluntad del Gobierno de transformar el sistema judicial desde sus cimientos. También insistió en que, si se hubiera querido manipular el proceso, no se habría abierto a votación popular.
No obstante, la baja afluencia deja abiertas preguntas sobre la viabilidad de este nuevo modelo. La falta de información accesible, la escasa difusión de perfiles y propuestas, y la saturación de opciones parecen haber jugado en contra del objetivo de participación amplia y deliberada.
Desde la oposición y sectores académicos, las críticas no se han hecho esperar. Varios analistas han advertido que la legitimidad de los nuevos jueces podría verse comprometida si la ciudadanía no se siente representada en el proceso.
Los resultados oficiales se conocerán en los próximos días, y aunque el Gobierno ya anunció una evaluación para mejorar el modelo de cara a la próxima convocatoria en 2027, esta primera experiencia deja una lección clara: democratizar la justicia requiere más que urnas.