Buenos Aires – En un fallo que sacude el panorama político argentino, la Corte Suprema confirmó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de fraude al Estado en el marco del emblemático caso “Vialidad”.
La decisión del máximo tribunal rechaza el recurso de queja presentado por la defensa de Fernández, ratificando así el veredicto dictado en 2022 por un tribunal oral, que fue posteriormente avalado por la Cámara Federal de Casación Penal. La líder peronista, de 72 años, fue hallada culpable de haber favorecido irregularmente al empresario Lázaro Báez con contratos de obras públicas en la región de la Patagonia durante su gestión presidencial entre 2007 y 2015.
Dado que supera los 70 años, ahora queda en manos de un tribunal inferior determinar si Fernández cumplirá su condena en prisión o si accederá al beneficio del arresto domiciliario.
La exmandataria ha sostenido desde el inicio del proceso que se trata de una persecución judicial con fines políticos. La confirmación del fallo llega pocos días después de que anunciara su intención de competir por una banca como diputada en las elecciones legislativas de septiembre, en un distrito clave de la provincia de Buenos Aires, considerado uno de los principales bastiones del peronismo.
En medio de versiones previas sobre la inminencia del fallo, decenas de simpatizantes, legisladores y dirigentes sindicales se congregaron en la sede del Partido Justicialista en la capital argentina, donde Fernández siguió de cerca las novedades. También se registraron protestas y cortes de ruta en distintos puntos del país.
“Es un fallo absolutamente viciado en cada aspecto del proceso”, declaró una fuente cercana a la exvicepresidenta, acusando además a la Corte de haber filtrado el contenido del fallo a la prensa con antelación. “Es una vergüenza. Por eso hablamos de persecución y proscripción”, agregó.
El fallo podría actuar como un catalizador para reagrupar al peronismo, actualmente fragmentado tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2023. En un contexto donde el oficialismo libertario de Javier Milei aún busca consolidar su gestión, el futuro del movimiento opositor dependerá en gran parte de cómo capitalice esta resolución judicial.