Redacción
Mazatlán, Sinaloa. — La ministra belga para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Empleo, Eléonore Simonet, presentó este lunes una propuesta inusual: que los traficantes de droga condenados sean registrados como trabajadores autónomos para que paguen contribuciones sociales, como cualquier otro ciudadano que genera ingresos.
“Con este abordaje, golpearemos a los criminales donde más les duele: la billetera”, expresó la funcionaria en un comunicado oficial. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para fortalecer las políticas públicas hacia las PYMES y reducir la impunidad financiera de quienes operan en la economía ilegal.
Según lo planteado, una vez dictada una sentencia penal contra una persona por delitos relacionados con el narcotráfico, el Instituto Nacional para la Seguridad Social de los Trabajadores Independientes (INASTI) procederá a su registro automático como autónomo. Esto permitirá exigirles pagos retroactivos de contribuciones sociales o, en su defecto, bloquear beneficios estatales, como subsidios de alquiler, becas de estudio o el seguro por desempleo.
Para Simonet, la propuesta busca establecer “consecuencias financieras concretas” para las personas involucradas en actividades delictivas, y no implica en ningún caso la regularización o legitimación del narcotráfico.
No obstante, el plan aún enfrenta desafíos legales y técnicos, ya que requiere un intercambio de información eficaz entre la policía, el poder judicial y el INASTI. La oficina de la ministra confirmó que se está evaluando la viabilidad jurídica de la medida y su compatibilidad con los derechos fundamentales.
El anuncio ha generado reacciones divididas en Bélgica. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una propuesta creativa para atacar las finanzas del crimen organizado, otros advierten que podría enviar señales contradictorias sobre la postura del Estado frente a las actividades ilegales.
La ministra Simonet insiste en que la intención no es suavizar la lucha contra el narcotráfico, sino cerrar los espacios de impunidad económica que permiten a estos grupos operar con libertad.