La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes su respaldo a que Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, sea deportado a México para enfrentar los cargos que existen en su contra, tras ser detenido en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que le confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra Chávez Jr., emitida desde 2023 por presuntos vínculos con delincuencia organizada y tráfico de armas.
“El fiscal general me informó que hay una orden vigente desde hace tiempo. La investigación comenzó en 2019 y la orden se giró en 2023. No se había podido ejecutar porque se encontraba en Estados Unidos. Con su detención allá, se abre la posibilidad de su deportación”, indicó Sheinbaum.
El exboxeador fue arrestado el pasado 3 de julio por autoridades migratorias estadounidenses por carecer de visa vigente y por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Sheinbaum aclaró que desconocía la existencia de dicha orden judicial hasta que fue notificada por la FGR y aseguró que, pese a los señalamientos, el gabinete de seguridad no tenía registros que vincularan al exdeportista con grupos delictivos.
“Lo que nos informaron es que la mayor parte del tiempo ha estado fuera del país. Si no hubiera existido una orden de aprehensión, nuestra postura habría sido distinta”, señaló.
La presidenta también reiteró que, como en todos los casos, el gobierno garantizará el acompañamiento consular correspondiente para proteger los derechos del connacional, aunque recalcó que, tratándose de una orden judicial, se actuará conforme a los protocolos establecidos entre la FGR y las autoridades migratorias.
Aunque no se ha definido la fecha en la que Chávez Jr. será repatriado, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que será a través de un proceso de “remoción expedita”, al considerar que representa una amenaza significativa para la seguridad pública.