Mazatlán, Sinaloa; Muy buen día estimados lectores de nueva cuenta aquí estoy escribiendo para ustedes y deseándoles como siempre que cumplan todos los sueños y metas en su vida. ¡LES MANDO UN ABRAZO, ANIMO!
LEY MORDAZA: Así de restrictiva como su título lo menciona es el decreto que reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia retirando atribuciones en materia de acceso a la información a quienes ejercen día con día la labor de informar a la población. Las intenciones del actual gobierno de Mario López Valdez no concuerdan con su discurso de inclusión a todos los sectores sociales y por ende aquellas personas que no tienen una “voz” que represente sus inconformidades ante un Estado en muchas ocasiones falto de criterio e integridad para llevar los cauces de una sociedad que ahora está en transformación; pero que a la par exige información como herramienta principal para la mejor toma de decisiones.
En el caso exclusivo del trabajo policial, de investigación y administrativo es importante decir que, la PGJE debe de evolucionar a un nuevo sistema de atribuciones que le den agilidad, certeza, secrecía y a la vez amplitud en la transparencia de datos que deben los interesados-incluidos medios de comunicación, familiares, etc.- saber. Volvamos ahora a un contexto donde quienes ejercen el ejercicio periodístico y su labor de información se enfrentan a restricciones en el área de trabajo que en primacía debería de respetar y cumplimentar en su caso desde el agente del ministerio público al arribar al lugar de los hechos hasta los agentes municipales que en muchos de los casos en su mayoría son quienes llegan primero al sitio donde se suscitó un hecho de alto impacto ¡por ejemplo!
Los reporteros y las políticas de información de los medios de comunicación, están en muchos de los casos constituidas con ética periodística; así como siempre deben ser acotadas por las responsabilidades que en su caso cada “casa editora” o empresa sostenga. Pero, ¿cómo ser transparente y realmente imparcial en un suceso cotidiano sea cual sea el escenario en que se desarrolló, cuándo la propia autoridad acota las funciones operativas del reportero, por consiguiente de la empresa que difunde la información y solo pretende mediante sus atribuciones legales otorgar su versión “oficial”?
Para donde caminar con un gobierno que acepta políticas que van en carácter regresivo a la libertad de expresión, y cuando hablo de regresivo es de restrictivo nunca fortalece sino que volvemos a ejemplos de acuerdos y soluciones legales que se convierten no en una regulación a la información sino en un “amarre de manos” hasta cierto punto de una política de Estado que es un su primer caso enviada por Ejecutivo Estatal.
¿Dónde están los estudiantes de Ciencias de la Comunicación exigiendo a los legisladores y en su caso al propio MALOVA quien pudo dirimir de esta reforma?, ¿dónde están los demás periodistas que no sean aquellos que pertenezcan a la Asociación 7 de Junio?, ¿dónde están los jóvenes que ahora luchas por las libertades de opinión en medios como twitter y Facebook?, ¿dónde están los ciudadanos que desean una información más objetiva y transparente?, ¿dónde están los propios integrantes de los partidos políticos quienes deben de exigir a sus representantes una congruencia con los principios de doctrina por ¡ejemplo!?. Casos hay muchos, acción poca o casi nula y ello nos hunde a una parálisis social que nos lleva a una interacción con fuerzas del Estado y políticas que no son controlables desde el escritorio detrás de una laptop.