En su carácter de Presidente en funciones del PAN en Sinaloa y con el acompañamiento del Secretario General del Comité Directivo Estatal, Sebastián Zamudio Guzmán, Adolfo Rojo Montoya presentó un juicio de derechos cívicos electorales ante el TEE en contra del procedimiento de disolución del CDE que sigue la Comisión Permanente del CEN.
Entrevistado a su arribo al Tribunal Estatal Electoral, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, explicó que el recurso de impugnación busca que se dé el debido proceso a la destitución del cargo que se promueve desde el Comité Ejecutivo Nacional sobre 34 personas honorables.
“A nombre propio y en representación del Comité Directivo Estatal presento un JDCE en contra del ilegal, arbitrario, autoritario e inminente acto de disolución del CDE en virtud de que el procedimiento viola los estatutos y reglamentos del PAN y toda vez que el CEN y su dirigencia acusan al margen de toda normatividad interna y constitucional aplicables”.
Explicó que el miércoles 17 de febrero fueron enviados 15 empleados del CEN a notificar a los 34 integrantes del Comité Directivo Estatal, quienes pretendían en un solo acto notificarles el acuerdo de disolución del CDE y dar por agotado el derecho a audiencia que exige la Constitución y el artículo 74.
Rojo Montoya manifestó que el procedimiento exprés lo pretendían consumar sin darles a conocer siquiera los hechos de los que son acusados, ni quién o quiénes les señalan, incluso sin argumentar los preceptos estatutarios en que se basan para proceder con la destitución.
El dirigente panista dijo que con el JDCE presentado aspiran a ser sujetos a un debido proceso y evidenciar intereses extraños en el descarrilamiento de Acción Nacional en Sinaloa que orquesta en primer plano el diputado federal Federico Dóring Casar.
El líder del PAN en Sinaloa adelantó que evalúa de manera personal y colegiada presentar demanda por daño moral en contra de Dóring Casar, al causar desprestigio en su persona y a la de los 34 integrantes del CDE sin tener facultad reglamentaria o estatutaria alguna.
“Estamos evaluando la posibilidad de demandar por daño moral no sólo por proceder a hacer un análisis por consigna, sino también por dar a conocer en primer término el contenido de su informe a los medios de comunicación antes que a los directamente interesados, con lo cual se dio por sentada una disolución que aún no es definitiva, misma que está siendo impugnada por ilegal, causando desprestigio en mi calidad de presidente y a los demás miembros al presumirse en medios que nuestras determinaciones son inválidas”, detalló.
