La diputada del PRI presentó una iniciativa para que esta acción sea tipificada como falta administrativa y se sancione a los funcionarios públicos que cometan este fraude hacía la clase trabajadora.
Culiacán, Sinaloa a 07 de febrero de 2017.- Que funcionarios públicos sean sancionados por comprometer los recursos destinados al pago de nómina y los provenientes de aportaciones y retenciones de los trabajadores del servicio público, propuso la diputada del PRI, Margarita Villaescusa Rojo.
La iniciativa de Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, presentada este martes ante la oficialía de partes del H. Congreso del Estado, busca además que los trabajadores cuenten con la facultad de solicitar un estado de cuenta, con el fin de que puedan dar seguimiento a sus aportaciones y verificar que las áreas administrativas están cumpliendo con su entrega.
El 24 de enero, desde tribuna, la representante del distrito XX con cabecera en Mazatlán, denunció que actualmente es una costumbre que los recursos de las retenciones de las aportaciones de los trabajadores, en todos sus niveles, sean siendo utilizadas de manera irresponsable, como si fueran parte de la caja chica de la autoridad.
En entrevista, luego de presentar la iniciativa, manifestó que quienes incurren en estos actos están cometiendo un fraude hacía los trabajadores, privándolos de recibir los beneficios que por ley les corresponden.
“Cuando un servidor público hace la retención a los trabajadores, de sus aportaciones, y no las entera a las instituciones está cometiendo un fraude contra el trabajador y está dejando al trabajador en una situación de vulnerabilidad, porque les priva del derecho a crédito para la vivienda, de tener su pensión en forma correcta y al día, los priva de servicios de salud, de acuerdos comerciales, los priva de ahorro, de seguridad social, que esto último es muy grave”, expresó.
Villaescusa Rojo, destacó que esta iniciativa va encaminada a tipificar estas prácticas como faltas administrativas, con el objetivo de que se respeten las cuotas que se retienen por concepto de salud, vivienda, fondo para el retiro o alguna retención derivada de un derecho laboral, acuerdo comercial, sistema de ahorro, etc.
“Va a permitir especificar, que cuando el funcionario no entrega o no entera a las instituciones correspondientes, las aportaciones de las retenciones de los trabajadores, incurre en un delito que tiene que ser castigado y bueno, puede ser castigado de diferentes formas tal como lo establece la ley de responsabilidades administrativas”, comentó.
De acuerdo con la Ley, las sanciones por esta falta podrían ir desde amonestaciones hasta la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, incluso, si la falta es considerada muy grave, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el caso del Gobierno del Estado y el Síndico Procurador, en el caso de los municipios, deberán presentar una demanda ante el Ministerio Publico para las averiguaciones legales correspondientes.