En sesión extraordinaria, los integrantes de la LXII Legislatura aprobaron reformas al Código Fiscal Municipal, con el objeto de fortalecer sus disposiciones y que los ayuntamientos puedan hacer eficientes sus mecanismos de captación de los recursos propios, vía las contribuciones municipales, dar mayor certeza y seguridad jurídica los gobernados en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
De acuerdo al dictamen aprobado, Sinaloa contará con un Código Fiscal Municipal de avanzada, y sobre todo que cumpla con los extremos de las expectativas y compromisos constitucionales de los sujetos del mismo, tanto respondiendo a lo que la ciudadanía pueda demandar, como a lo que los Municipios requieren para poder prestar de manera satisfactoria los servicios públicos fundamentales, que desde la Constitución General se les impone como su principal obligación.
Previo a ser puesto a discusión, el diputado Moisés Aarón Rivas Loaiza (PRI), presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, hizo uso de la Tribuna para señalar que con esta reforma se fortalece el ejercicio recaudatorio de los municipios, además de que no se trata de un dictamen a la ligera, toda vez que desde diciembre que se le dio primera lectura al dictamen se trabajó para darle cabida a siete reservas realizadas por el Pleno, y el trabajo realizado en Comisiones fue para ayudar y proponer que a los municipios y los sinaloenses les fuera mejor, porque “se garantizará la seguridad jurídica de los sinaloenses”.
Con esta reforma, los ayuntamientos no podrán contratar despachos externos para la cobranza a los que les tengan que pagar más del 10 por ciento de lo que se pretende recuperar, además de que se especifican multas en créditos fiscales, las cuales van hasta las 500 unidades de medición y de ocho meses a tres años de prisión, mientras que en el caso de los servidores públicos pueden pasar hasta seis años en la cárcel.
Con este documento se mantiene vigente el párrafo segundo del artículo 38 Del Nacimiento, Exigibilidad y Extinción de los Créditos Fiscales; y del artículo 49, con el propósito de conservar la dispensa de la garantía del interés fiscal; se aprobó la redacción del párrafo primero del artículo 54 en estos términos:
“Artículo 54. Procederá la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad o insolvencia”
Se mantiene vigente del artículo 76, De las Facultades y Obligaciones de las Autoridades Fiscales a efecto de que no se reconozcan como autoridades fiscales a los Gerentes Generales de las Juntas de Agua Potable y alcantarillado de los municipios; y se reformó el último párrafo del artículo 128 (De los Delitos Fiscales) para incluir a los servidores públicos que incurran en delito.
“Al particular que cometa este delito, se le impondrá de uno a seis años de prisión, tratándose de servidor público la pena se aumentará hasta una tercera parte”.
En lo correspondiente al artículo 129 (De los Delitos Fiscales) queda de la siguiente manera:
“Artículo 129. . .
- Cuando las declaraciones fiscales contengan datos falsos;
- Proporcionar con falsedad, a las autoridades fiscales que lo requieran, los datos que sean necesarios para determinar el ingreso gravable o las contribuciones que se causen;
- Llevar dos o más sistemas de contabilidad similares con distintos asientos o datos;
- No enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo del requerimiento que se le haga, las cantidades que haya retenido o recaudado de los contribuyentes por concepto de contribuciones; y
- Quien estando obligado a presentar sus declaraciones, destruya o altere los sistemas o registros contables”.
El delito de defraudación fiscal se sancionará conforme a lo siguiente:
- Con prisión de diez meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excede el equivalente a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
- Con prisión de tres a cinco años, si el monto de lo defraudado excede de quinientos veces el valor diario de la unidad de medida y actualización o cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó”.
Una vez aprobadas las reformas, se ordenó su publicación, posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva procedió a clausurar la sesión y el primer periodo extraordinario de la LXII Legislatura, y citó a la Diputación Permanente para que sesione el próximo martes 21 de febrero a las 11:00 horas.