manuel cárdenas fonseca
El proceso electoral para la elección presidencial que estamos viviendo en México ha adquirido matices que debiéramos ver todos con gran preocupación por el impacto negativo que tendrá sobre nuestra democracia, sobre la vida partidista y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sus posibles gobernantes.
Más allá de la “chunga” que genera que se saquen a la luz los “supuestos trapos sucios” de los candidatos, la realidad es que se está creando la percepción de que la única vía para el ascenso político en México es la corrupción, provenga de donde provenga.
Ahora sí que pareciera que a los ciudadanos nos están poniendo a escoger entre los candidatos más o menos corruptos, o entre el más o menos hábil para salir impune de sus supuestas “tropelías”. Con “pan y circo” para todos, qué triste e indignante panorama se nos presenta.
Pero no se confundan, no se trata de ocultar lo inocultable e inexcusable, pero tampoco se trata de hacer linchamientos públicos y mediáticos sin pruebas claras y sin procesos legales abiertos. Bien dicen que “golpe dado ni dios lo quita”, pero el daño no sólo se hace a los individuos sino a las sociedades y sus instituciones. Utilizar prácticas gansteriles y corruptas bajo la justificación de combatir la impunidad y la corrupción, es mantener ese mismo círculo vicioso y ser parte de lo que se combate y, en ello, conductores, comentaristas y analistas en los medios ven su cartera abultada sin decir quién es la mano que mece su cuna, con muy contadas excepciones.
Pero además, después de tantos descréditos y dimes y diretes, después de acabar con reputaciones y famas públicas, al final de cuentas cuando ya hay ganadores y vencedores, nada pasa, nada se castiga, a nadie se le aplica la ley y todo queda en diatribas de campañas. La intención no es hacer cumplir la ley y mucho menos aplicarla, la intención es sólo desacreditar para ganar, haya o no haya razón eso es lo de menos.
Qué país el nuestro y ¿qué “consultores” y asesores están impulsando estas prácticas que al final a nadie benefician y engañan a candidatos? El que gane gobernará como el corrupto menos rechazado o más aceptado, pero siempre cubierto por la sombra de la duda y con la desconfianza de buena parte de la ciudadanía. Así no se consolida un Estado de Derecho.
Sí conocemos de actos de corrupción o de actos ilegales de alguien, y particularmente de políticos por el impacto que tienen en la sociedad, hay que denunciarlos, hay que seguir los procedimientos y hay que aplicar la ley, sin consignas políticas, sin favoritismos.
Estos periodos de precampañas e intercampañas (y seguramente el de campañas) se han convertido no en momentos para expresar ideas, para convencer a los ciudadanos y contrastar con los otros candidatos, hoy lo que tenemos son campañas convertidas en juicios penales públicos y mediáticos (como tratando de acostumbrarnos a nuevo sistema penal acusatorio), en donde todos se acusan con información filtrada por quien sabe quién
(ya sabes quién es otro) y compiten por mostrar quién es el más corrupto y no por quién tiene las mejores propuestas.
Cuando iniciaron las precampañas los candidatos de las tres coaliciones se presentaban como los paladines de la anticorrupción, ahora, apenas con menos de tres meses, se convierten en la mejor muestra de la corrupción y la impunidad que impera en nuestro país, y uno de ellos, sin dudas, es el que nos va a gobernar. ¡Menuda decisión que nos dejan a los ciudadanos, elegir entre lo malo y lo peor!
Qué raro resulta que es justo ahora cuando contienden por la presidencia de la República, es cuando se descubren todos estos hechos, que en cualquier otro caso hubieran permanecido como “esqueletos en el armario”.
Claro, toda la discusión es mediática, los medios y las redes sociales presentan supuestas pruebas y opiniones, establecen juicios, declaran inocentes y culpables, descalifican o confirman resoluciones jurisdiccionales. Las denuncias en la mayoría de los casos sólo son mediáticas y no se han tomado acciones claras por parte del ministerio público, ni por parte de las autoridades que deberían investigar todos estos hechos.
Además, a todo ello se suma la crítica a una ley electoral que establece vedas a las declaraciones, y el mismo Presidente hace críticas de ello, pero se les olvida que fueron los mismos partidos políticos en el Congreso quienes la aprobaron y el Presidente la publicó sin ejercer la facultad de observación que le otorga nuestra Constitución.
Indigna y entristece el escenario electoral que están construyendo en nuestro país las agrupaciones políticas, organizaciones empresariales, los medios de comunicación, las redes sociales y todos los que están contribuyendo a enrarecer y desacreditar no sólo a los candidatos, sino a las instituciones y al final a la democracia mexicana. No creo que este sea el camino correcto ni lo que merecemos los mexicanos.
Si hay conductas ilegales de candidatos, asesores, simpatizantes o quienes sean, que se aplique la ley, que se abran las carpetas de investigación y se condene o exonere a los implicados. Ya basta de seguir haciéndole el “caldo gordo” a la especulación y a los intereses de grupos no identificados, ya es hora de que nos convirtamos en un país de leyes, que confiemos en ellas y en quienes las apliquen y que los tiempos de la ley sean todos los tiempos independientemente de los tiempos políticos.
Ante este escenario resultó muy refrescante recibir el martes pasado en el Senado de la República al Juez Federal de Brasil, doctor Sergio Moro, quien ha llevado los casos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero en su país, como Petrobras y Lava Jato y por supuesto la condena a empresarios y políticos como el ex presidente Lula Da Silva; y conocer su opinión sobre algunos de los temas que más he defendido en México en esta materia, que es el hecho de que la corrupción no es exclusiva del sector público y que la mejor manera de combatirla es establecer mecanismos para que estas conductas no sean posibles con un combate frontal a la impunidad.
El doctor Moro es un ejemplo claro de cómo las cosas se pueden hacer bien cuando se cumple la ley y se aplica a todos por igual, independientemente de su posición política y/o económica. La ley no debe estar sujeta a presiones de grupos o consignas políticas.
Sinceramente aspiro a que en México dejemos atrás las condenas públicas sin sentido y sin consecuencias legales (pero que sí pueden lastimar a muchos inocentes), para dar paso a un trabajo serio en el combate a la impunidad y la corrupción; en el legislativo creando leyes que eviten que se puedan dar conductas de corrupción, y en sistema de procuración y administración de justicia investigando y sancionando a quienes violen la ley y afecten el patrimonio de todos los mexicanos.