A propuesta del PRI, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República presente, dentro de los próximos diez días, un informe sobre el estado que guardan los avances de las indagatorias en contra de Manuel Barreiro y Ricardo Anaya y que dé celeridad a las denuncias que los vinculan con otras operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, para deslindar responsabilidades penales.
El senador José María Tapia presentó el punto de acuerdo, que fue aprobado por mayoría y recordó que ante la PGR se han presentado denuncias que vinculan al candidato de la coalición “Por México al Frente” con actividades ilícitas, ya que los señalamientos indican que en 2014, Ricardo Anaya adquirió un lote por 10 millones de pesos y en el 2016 ese inmueble fue vendido en poco más de 54 millones de pesos, producto de supuestas mejoras como la construcción de una nave industrial.
“Anaya Cortés habría incurrido en el delito de lavado de dinero por la venta ficticia de esa nave industrial entre las empresas Juniserra S.A. de C.V. y Manhattan Master Plan Development, a través de un esquema que permitió la triangulación del dinero a diversas cuentas y varios países considerados paraísos fiscales”.
En el debate, las senadoras Yolanda de la Torre y Diva Gastélum señalaron que Ricardo Anaya debe estar ante la justicia, rindiendo cuentas, porque hay evidencia clara de venta de favores y que con información privilegiada se enriqueció él y sus cuates. La PGR debe investigar hasta sus últimas consecuencias.
La senadora De la Torre Valdez subrayó que a nadie en este país le queda duda que Anaya es un delincuente y que debe rendir cuentas ante la justicia.
A su vez, la senadora por el estado de Sinaloa, Diva Gastélum, dijo que el equipo de Anaya sabe que el joven maravilla inició la campaña tocado y que más allá de ser un tema jurídico, es una percepción que tiene la sociedad de que es corrupto.