Durante la Sesión del Senado de la República, la mayoría aprobó un decreto de interpretación, para que funcionarios públicos puedan promover la revocación de mandato y no sean sancionados; lo que es, un acto completamente inconstitucional que atenta contra la democracia y equidad electoral
La revocación de mandato es un proceso ciudadano, no de partidos ni de fuerzas políticas; por lo que, como servidores públicos, debemos garantizar la legalidad y el apego a los principios democráticos. Es lamentable que se aprueben instrumentos legislativos a modo y contrarios a la ley.
Hoy Morena demuestra una vez más el daño que le hace a las instituciones del país; pues ellos mismos aprobaron la revocación de mandato y sus reglas, pero como no les acomoda, pretenden interpretar la ley a su modo, sin tener la facultad para ello.