El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador está a una votación de convertirse en la reforma electoral más impugnada en la historia política del país.
La próxima semana, el Senado de la República discutirá, y en su caso, aprobará la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en la que sólo queda pendiente un punto: la llamada “cláusula de la vida eterna” a los partidos políticos.
Dicha cláusula permite a los partidos políticos con mayor presencia en las urnas transferir votos a sus aliados para garantizar al menos 3% de la votación nacional que exige la ley para mantener el registro como fuerza política.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo en que esa votación nada más “hay dos hipótesis: puede aprobarse o puede desecharse”.
Monreal Ávila adelantó que las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda podrían sesionar la semana próxima para dictaminar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.
En la sesión del pasado 15 de diciembre, el Partido Verde (PVEM) presentó en la Cámara de Diputados una reserva para modificar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y eliminar la llamada “cláusula de la vida eterna”.
Esto, luego del regaño del Ejecutivo federal, por lo que fue devuelta al Senado, que es la Cámara revisora y que recibió la minuta cuando ya había concluido sus trabajos.
En marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esa regla porque vulnera la libertad de los ciudadanos a decidir a quién dan su voto.
En caso de que el Senado apruebe la minuta, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá publicar un paquete de cuatro leyes.
Las leyes electorales que el Ejecutivo federal puede publicar son la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que forman parte de otra minuta.
El 25 de enero, el Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional en contra del plan B porque “merma la autonomía del organismo autónomo y su capacidad para ejercer las funciones que mandata la Constitución, desequilibra el modelo de comunicación y perjudica la equidad en la contienda”.
En un último llamado para cerrar filas contra la reforma electoral de López Obrador, consejeros, autoridades y servidores públicos del INE se reunieron con senadores para alertar que los cambios legislativos provocarán que la oposición se enfrente en las urnas contra gobernantes, porque podrán difundir propaganda en tiempos de elecciones.
“Hoy los candidatos de oposición, de la oposición que sea, no se confrontarán con sus contrapartes, con los candidatos de los partidos que gobiernan, se van a confrontar con los gobernantes”, subrayó Córdova en el Senado.
El consejero presidente del INE advirtió que desde el extranjero, se permitirá votar a connacionales con el pasaporte y la matrícula consular, “documentos que emite el gobierno, no el INE”.
Además, el Órgano Interno de Control del INE, que es un órgano de fiscalización, el plan B lo inserta dentro del proceso de decisiones.
“Podríamos enfrentar un escenario en el que las elecciones podrían ser anuladas por los tribunales; con la reforma del 2014 se han organizado 330 elecciones, sin un solo conflicto poselectoral”, añadió el consejero presidente del INE.
Córdova destacó que son los miembros del Servicio Profesional Electoral quienes llevan a cabo las elecciones en México, y que con la reforma del presidente, su presencia será reducida en un 84.6%.
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, hasta el primero de febrero, se han presentado contra el plan B además de la controversia constitucional del INE, cuatro acciones de inconstitucionalidad y un juicio de amparo.
“En caso de que la reforma sea aprobada se prevén más impugnaciones”, adelanta el estudio.
El Instituto Belisario Domínguez destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver los recursos presentados antes de junio próximo, para que la reforma electoral del presidente pueda aplicarse en las elecciones del 2024.
El artículo 105 de la Constitución prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales, que este año arrancan en septiembre.
Fuente: Latinus