La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que se inició una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del programa Pegasus en 2014, que realizaron Tomás Zerón de Lucio y otros exfuncionarios para la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
A través de un comunicado, la FGR indicó que en la indagatoria los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
Aseguró que dicha operación fue hecha por Tomás Zerón por un monto de 460 millones de pesos, que dicho programa actualmente no ha sido utilizado por la FGR y que se obtuvo de forma ilícita.
La contratación fue realizada por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal Ochoa, extitular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto García Campos, exdirector de información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, según fuentes judiciales.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR solicitó la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México y está en espera de respuesta.
“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso”, agregó la fiscalía general.
El pasado 11 de abril, Tomás Zerón, quien también está implicado en el caso Ayotzinapa, aseguró que es un perseguido político en una entrevista al diario Yediot Ahronot, uno de los más grandes de Israel, país donde se encuentra y con el que México no tiene convenio de extradición.
En la entrevista afirma que fue “el cerebro” detrás de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y que para ello utilizó el software Pegasus, de la empresa israelí Grupo NSO.
Sin embargo, una investigación periodística reveló en 2021 que el programa espía fue utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a activistas y defensores de derechos humanos.
Fuente: Latinus