- En esta sesión ordinaria, se aprobó el informe financiero del Poder Legislativo, se aprobaron diversos dictámenes y rindió protesta Emma Karina Millán Bueno como diputada suplente en funciones.
Instituir el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, a fin de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, es uno de los objetivos principales de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado que recibió primera lectura durante la sesión ordinaria de este martes.
El documento en el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se establece que el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; así como por un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana, el cual debe de ser integrado, por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.
En la iniciativa destaca la denominación del Capítulo V, del Título IV, para quedar “Del Tribunal de Justicia Administrativa”, así como asentar el “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado”.
Se establece que se hará lo recurrente con las leyes secundarias en la materia, todo ello con el propósito de establecer un régimen que transforme de manera integral la rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en Sinaloa.
Asimismo, señala las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del estado.
Por otra parte, se aprobó el dictamen correspondiente a reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, mismo que tiene por objeto establecer los principios de políticas públicas que regirán la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, ordenación territorial y desarrollo urbano. Asimismo, revalora la figura de Directores Responsables de Obra; De la Ejecución de Obras, quienes asuman la responsabilidad de cumplir las disposiciones legales y técnicas previstas en esta ley, y los requisitos para los mismos.
Establece algunos principios a considerar en el desarrollo urbano, tales como el derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, y garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en esta Ley y las disposiciones que de ellas emanen aplicables en la materia, entre otras reformas aprobadas.
Del mismo modo, se aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Local, que señala las medidas que deberá tomar el Estado para dar cumplimiento a los derechos y deberes, el que toda familia tenga derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La reforma al texto constitucional local adiciona la fracción XI al artículo 4 Bis B, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para quedar así:
“ARTÍCULO 4 BIS B. . .
I a X. . .
- Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Con el objetivo de contar con un marco jurídico propicio para ofrecer a los ciudadanos mayores beneficios con los menores costos posibles, mediante la formulación de normativa, de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política Local en materia de Reforma Regulatoria.
En el dictamen se asienta que la regulación es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad, ya que promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos.
Más adelante, los diputados aprobaron el dictamen con el cual desaparece el Organismo Público Descentralizado denominado Hospital Pediátrico de Sinaloa a fin de incorporar este nosocomio a los “Servicios de Salud de Sinaloa”, permitiendo que este pueda acceder a recursos federales para un mejor funcionamiento.
Se precisa que bajo el esquema que se encontraba el Hospital Pediátrico de Sinaloa no recibe los apoyos tanto técnicos como financieros que otorga la Federación, toda vez que ha mantenido como un organismo público descentralizado, manteniéndose bajo la administración de un patronato, cuyas facultades van desde el aspecto de la planeación de los servicios que debe prestar el hospital.
Por otra parte, los diputados conocieron y aprobaron la solicitud de licencia de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, para separarse del cargo de diputada propietaria por el principio de mayoría relativa por el XVII distrito electoral local, motivo por el que se llamó a su suplente, Emma Karina Millán Bueno, para que en la sesión de este martes, rindiera protesta de ley como diputada suplente en funciones a partir de este día.
Posteriormente, fueron reestructuradas las Comisiones Permanentes de Fiscalización, Protocolo y Régimen Orgánico Interior, Participación Ciudadana, y Honor y Disciplina Parlamentaria, es decir, aquellas en donde se desempeñaba Gárate Valenzuela, a fin de incluir a la diputada Emma Karina Millán para que trabaje en ellas.
Otro documento al que se le dio trámite, fue el enviado por el Ejecutivo del Estado, en el que solicita al Legislativo ratificar la designación que realizó en la persona de Reyna Araceli Tirado Gálvez, para ocupar el cargo de directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres.
El Pleno conoció la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en la que se proponen reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, a fin de que las dependencias o entidades podrán realizar obra pública por administración directa con autorización previa de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo justificar ante ésta las razones que obligan a optar por esta forma de ejecución.
La iniciativa señala que en ocasiones se presenta la necesidad de realizar trabajos de rehabilitación de las vías de comunicación de manera urgente y el gobierno debe tener la capacidad de respuesta inmediata ante tales contingencias a través de la realización de obras por administración directa y no esperar a la asignación de un contratista posterior a un proceso de contratación.
Otra de las iniciativas a la que se le dio primera lectura, fue la que presentaron los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado en su fracción XXI del artículo 67, con el objetivo de modificar la denominación de la Comisión Permanente “De Equidad, Género y Familia”, por la “De Igualdad de Género”, para homologar la Ley Orgánica del Congreso del Estado con las reformas registradas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la de la Comisión de la Cámara de Senadores.
En otro tema, se le dio trámite a la iniciativa enviada por el ayuntamiento de Badiraguato en que solicita autorización para contratar un crédito por dieciséis millones y medio de pesos, recursos que serán destinados a la compra de maquinaria con la que se pretende mejorar los servicios públicos en ese municipio.
La maquinaria a adquirir, en caso de que se autorice el empréstito por el Congreso son dos motoconformadoras, con un valor total de 10 millones 100 mil pesos; una retroexcavadora, con valor a dos millones 100 mil pesos; un camión dompe, con valor de un millón 400 mil pesos; un camión recolector de basura con valor de millón y 500 mil pesos, y finalmente, una pipa con valor de un millón 400 mil pesos.
Paralelamente, también se dio lectura a la iniciativa de adición a la Ley de Ingresos de Badiraguato, en donde quede ya asentado el citado empréstito.
El Pleno conoció y aprobó el dictamen sobre el oficio por el que se notifica a esta Soberanía la sentencia emitida el 15 de Octubre del 2015, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la acción de inconstitucionalidad promovida por los Partidos Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Sinaloense, Movimiento Ciudadano y MORENA, en contra del decreto por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, del 15 de Julio de 2015, con respecto al financiamiento público de los partidos políticos.
Con esta aprobación esta Soberanía a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, con lo que el Congreso del Estado da formal y cabal cumplimiento a lo resuelto y efectos jurídicos contenidos en la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe destacar, que también se conoció la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sobre el cómputo de votos de los ayuntamientos del estado, en relación con la reforma a los artículos 25, fracción IV, 37 párrafo VIII; 40, párrafo segundo; 43, fracción XXXV, recorriéndose la vigente en su orden; 56, fracción V; 65, fracción XXII; 70, párrafo segundo; 76; 77; 105 Bis, párrafo último; 132; 135, párrafo segundo, y 144 fracción II, numeral 3; y, adiciona el artículo 76 Bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, todo ello para darle paso a la creación del órgano autónomo de la Fiscalía General del Estado y su operatividad en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado.