El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña, informó que hay más ex funcionarios que deben justificar anomalías financieras
Culiacán, Sinaloa, a 25 de septiembre de 2017.- Por causar un daño económico a las arcas del Gobierno del Estado, seis ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo resultaron responsables en la auditoría que inició la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público en los siguientes 10 años, en el mayor de los casos, y la obligación de reintegrar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos, como reparación del daño.
Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, durante una conferencia de prensa en la que acompañó a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, para dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por esta dependencia al ejercicio fiscal del sexenio anterior que concluyó en diciembre del 2016.
El funcionario informó que la STyRC resolvió en definitiva el procedimiento de responsabilidades que inició en contra de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez, que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue alterada documentación oficial utilizada para solicitar al Sistema de Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4, con la finalidad de obtener su devolución mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente, generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil 276 pesos.
Por tales motivos se impusieron las siguientes sanciones: Al ex director de Fiscalización de la SAF, Jesús Alanís Cháidez, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.
Al ex subsecretario de Ingresos de la SAF, Clodomiro Espinoza García, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 3 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso, que corresponde al daño patrimonial.
En tanto que ex director Política Tributaria de la misma dependencia, Everardo Ayala López, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 17 millones 855 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto del tanto más del daño causado.
Aviña Martínez agregó que también se dictaron similares resoluciones contra tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo, por hechos vinculados a varios pagos por un importe de 8 millones 651 mil 798 pesos, para pagar a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas “CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL AIRLINES”, sin documentos que justifiquen el pago realizado, así como la omisión de proporcionar el contrato de prestación de servicios correspondiente y el expediente que ampare la adjudicación.
Las sanciones a las que se hicieron acreedores fueron las siguientes: Al entonces secretario, Rafael Lizárraga Favela, y ahora subsecretario de Turismo en la presente administración, se le impuso una suspensión consistente en la pérdida temporal del empleo, cargo o comisión y de todos los derechos que derivan del nombramiento por el término de 30 días naturales.
De igual manera, al ex secretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.
Y por último, al ex jefe de Departamento Administrativo, Luis Martínez Romero, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Independientemente de estos seis casos específicos, la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la STyRC tiene abiertos varios procesos más, que están en su etapa de aclaración.
CASO 16.9 MILLONES DE PESOS
En este caso, se notificó a 10 servidores públicos de las Secretaría de Administración y Finanzas, y de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, donde se les atribuyen, a los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas: Realizar un traspaso indebido por 16.9 millones de pesos de una cuenta específica a una concentradora, no reintegrar a la Federación 3 millones de pesos no ejercidos, y celebrar un contrato modificatorio excediendo el 25 por ciento que permite la Ley con una afectación de 79.4 millones de pesos.