Manuel Cárdenas Fonseca
No cabe duda que la lucha contra la impunidad y la corrupción en México no se ha consolidado como un verdadero compromiso y como un programa permanente responsable y serio. Las “rachas” de interés en el tema llegan y se van más rápido que un huracán y parecen responder exclusivamente a intereses coyunturales, que no atienden los aspectos más importantes que permitirían detener estas prácticas en el país, sino sólo aquellos aspectos que dan “brillo” y lucimiento político.
No hay más que voltear hacia lo que ha sucedido con el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y todas las expectativas que se generaron hace ya casi dos años con todas las reformas aprobadas en el Congreso. Hoy parece ya no ser prioridad para los círculos del poder y el interés se centra más en demostrar que políticos son más, o menos corruptos.
Siempre he sostenido que la impunidad es el verdadero problema que tenemos que enfrentar, porque lo que ha permitido que la corrupción crezca es la complacencia de las autoridades y, particularmente, de los órganos encargados de vigilar el buen uso del gasto público, que han hecho altamente rentable la corrupción, porque casi nunca se castiga a los responsables de este tipo de conductas.
Como hemos visto de las experiencias en otros países como Brasil, Perú y España, para combatir la corrupción no se trata de crear y crear organismos, sistemas y demás cuerpos burocráticos, de lo que se trata es de aplicar la ley sin excepciones. Eso es precisamente lo que no hemos logrado hacer en México.
En la experiencia mexicana la lucha institucionalizada contra la corrupción inició hace más de 35 años con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), que en 1992 se transformaría en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y tiempo después en la Secretaría de la Función Pública (2003).
Cada cambio de nombre ha significado incorporar mecanismos burocráticos de control y supervisión que poco impacto han tenido en el freno a la corrupción y en el castigo de los responsables. Resulta increíble que una de las principales causas de sanciones e inhabilitaciones hechas por la función pública históricamente, sea la falta de presentación de declaraciones anuales por parte de servidores públicos.
No porque no sea importante, pero un trámite administrativo concentra gran parte de los esfuerzos de la lucha contra la corrupción de esta Secretaría, mientras los desvíos de recursos están a la luz pública.
Lo increíble es que está Secretaría, prácticamente desde su creación en 1983, no ha dado resultados y se ha convertido en un “entuerto” duplicando o invadiendo facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda, Auditoría Superior de la Federación, del Ministerio Público en algunos casos, y de los Tribunales Administrativos.
Y qué decir de los órganos de control interno de las dependencias federales que han transitado (al menos en la norma) de ser nombrados por la Secretaria del ramo, a ser nombrados por los titulares de las dependencias, a nuevamente ser nombrados por la Secretaría de la Función Pública. Órganos que operan de una manera aberrante ya que dependen jerárquica y funcionalmente de la Función Pública, pero presupuestalmente dependen de la dependencia donde trabajan. Y como dicen por ahí “el que paga manda”.
Pero además, es de todos sabido que en los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control operan los acuerdos, (y no voy a dar nombres ni dependencias, porque ya diversos periodistas lo han dado a conocer), y muchos de ellos son amigos encubridores de quienes encabezan las dependencias. La fiscalización y el cuidado de los recursos públicos queda entre amigos cómplices.
Lo peor es que lo que menos hacen estos órganos es cumplir con los propósitos para los que fueron creados que es vigilar que la dependencia haga un ejercicio adecuado de los recursos públicos. Hoy estos órganos se han convertido en encubridores del “Jefe” y perseguidores de los no amigos del “Jefe”. Desafortunadamente, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, los han convertido en investigadores, sustanciadores y penalizadores, dejando al Tribunal de Justicia Administrativa solamente la imposición de penas por faltas administrativas graves (calificadas previamente por el Órgano Interno de Control).
En realidad, los órganos Internos de control deben ser áreas preventivas de apoyo y de servicio y no persecutorias, ya que en la presunción de una falta administrativa o delito debe ser alguien ajeno administrativa y presupuestalmente quien deba indagar. Su tarea no debe ser criminalizar y perseguir servidores públicos, sino vigilar el buen uso de los recursos de las dependencias y prevenir y detectar conductas de corrupción para que sean denunciadas y castigadas.
Yo me sigo preguntando, ¿dónde han estado la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control en los desvíos de recursos de muchas dependencias y entidades paraestatales (casos que todos conocemos)? y ¿dónde han estado las contralorías estatales en los desvíos de recursos de los gobiernos de las entidades federativas? Lo único que podemos contestar es que ausentes y sin responsabilidad alguna, pero podríamos pensar también que como cómplices y/o encubridores.
Lo cierto es que la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control han operado sin pena ni gloria por más de 35 años, y la gran mentira de su costo presupuestal es que le cargan la nómina y operación de la misma a cada dependencia y no a su Ramo de gasto, pero si sumáramos todo, sin la gran mentira de balcanizar su gasto, es la dependencia más costosa de todos, la menos eficiente, la más “solapadora” pues no debiera existir la “Estafa Maestra” ni los desvíos en Sedesol o Sagarpa. Rosario (que no católico) y Calzada (que no camino pavimentado), entre otros.
No es fortuito que en diversas ocasiones se haya planteado su desaparición, como recientemente fue con Felipe Calderón y también una propuesta incumplida del Presidente Peña Nieto.
Quizá su desaparición no se ha dado porque su verdadera función ha sido la de proteger funcionarios y encubrir o justificar malos manejos de los recursos públicos, y por otro lado, servir como brazo ejecutor de persecuciones políticas. Quizá su tantas veces anunciada desaparición no se ha dado por el papel que tiene de encubrir malos manejos.
Yo creo que ya es tiempo de acabar con el mayor, más costoso e ineficaz “elefante blanco” tanto en el orden federal como en las entidades federativas, que no generan ningún beneficio y empezar a aplicar la ley y actuar en el marco del estado de derecho. ¿Ustedes qué piensan?